Alberto Fernández, durante la reunión de Gabinete real(Foto: Presidencia de la Nación).
Según admitieron a A24.com importantes referentes del Gobierno, "la situación política" que derivó del atentado a Cristina Kirchner "es muy preocupante". El calificativo sirve como muestra para graficar las horas de tensión que se vivieron en la Casa Rosada en las horas posteriores al ataque a la vicepresidenta.
Fue después de lo ocurrido en la noche del jueves 10, cuando todos los canales de televisión mostraron las primeras imágenes de un hombre gatillando una pistola a 5 centímetros de la cara de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; pasando luego por el discurso en cadena nacional del presidente Alberto Fernández, quien denunció un "estado de conmoción social" y el "quiebre de la convivencia democrática" y convocó a un feriado nacional y una "movilización del pueblo a Plaza de Mayo" en repudio al intento de magnicidio.
"La democracia y la paz se defienden en la calle", enfatizó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en redes sociales, mientras una campaña de ministros, gobernadores e intendentes del oficialismo y de la oposición salían a repudiar el atentado contra la vicepresidenta. Más distantes, algunos dirigentes opositores -entre ellos los gobernadores radicales de Mendoza y de Jujuy- criticaron el DNU con el que Alberto Fernández ordenó el feriado.
El Gobierno calificó el atentado a la vicepresidenta como "el hecho institucional más grave desde el retorno de la democracia" en 1983. En ese clima, con Cristina Kirchner fuertemente "conmocionada", según palabras de su mano derecha, Oscar Parrilli, Alberto Fernández encabezó el viernes temprano una extensa reunión de Gabinete, que había sido convocada el mismo jueves a la noche por Juan Manzur.
Solo faltaron los dos integrantes del Gabinete más cercanos a la vicepresidenta:el ministro del Interior, Wado de Pedro; y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. De Pedro, líder de La Cámpora, prefirió quedarse a acompañar a la vicepresidenta en su departamento de Recoleta, adonde la jueza que investiga el atentado, María Eugenia Capuchetti, le tomó la primera declaración.
En un hermetismo total, la Casa Rosada amaneció el viernes fuertemente vallada y custodiada por granaderos que dependen de la Casa Militar, con uniforme de fajina y escopetas largas, apostados en los ingresos principales de la Casa de Gobierno.
Para encontrar antecedentes similares en los 39 años de democracia hay que remontarse al 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, y a la Semana Santa 1987, cuando militares carapintadas se levantaron contra el gobierno radical de Raúl Alfonsín.
En las más de 2 horas de reunión de gabinete, a puertas cerradas, se habló de todas los temas, incluso de las críticas del kirchnerismo al fallido operativo de seguridad montado por Aníbal Fernández frente a la casa de Cristina Kirchner. El malestar se notó en el silencio de Wado de Pedro y las críticas de Hebe de Bonafini, quien pidió públicamente la renuncia del ministro de Seguridad.
A la hermética reunión se sumaron la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, tras lo cual el Gobierno difundió un duro comunicado en el que analizó "el estado de conmoción social derivado del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".
Parte de los ministros participaron después de la movilización ciudadana en Plaza de Mayo, pero por seguridad la Casa Militar le prohibió a Alberto Fernández salir al escenario que el Gobierno había emplazado en medio de la plaza. El argumento es que la multitud había vencido las vallas.
Tras visitar a Cristina Kirchner en su departamento de Recoleta, el Presidente terminó encabezando a las 17 una reunión multisectorial con más de 30 invitados en el Salón de las Mujeres del primer piso de la Casa Rosada, donde todos debieron dejar, en una mesa afuera, sus celulares. En esa reunión secreta, de la que participaron gobernadores, religiosos, sindicalistas y organismos de Derechos Humanos, escribieron el documento en defensa de la democracia que más tarde leyó la actriz Alejandra Darín.
No obstante, la oposición no participó de esa reunión más allá de su repudio en las redes sociales. "No fueron invitados a la Casa Rosada porque este sábado va a haber una sesión en el Congreso", explicaron a A24.com desde el entorno del Presidente.
Mientras surgían rumores de una posible visita de Cristina Kirchner a la Casa Rosada y la salida al histórico balcón, las versiones se esfumaron rápidamente para dar lugar a otras imágenes que mostraban a la vicepresidenta saliendo con dos bolsos de su departamento de Recoleta para viajar a la tranquilidad del Sur, en El Calafate.
Aunque en los momentos de mayor tensión el gabinete llegó a analizar la posibilidad de convocar para este sábado a una Asamblea Legislativa -ambas cámaras del Congreso para repudiar el atentado-, la iniciativa se diluyó por la letra de la Constitución Nacional no lo prevé. Por eso, la convocatoria al Congreso quedó limitado a una sesión especial a las 12 en la Cámara de Diputados.
Cecilia Moreau y Germán Martínez fueron los encargados de anunciar la convocatoria a la oposición, pero dejaron librado a la decisión de cada bloque de la oposición su decisión de apoyar y participar. "El Senado tiene que tomar su propia decisión", agregó Martínez tras descartar el llamado a una Asamblea Legislativa, medida extrema que suele utilizarse solo en casos especiales (además de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso): para elegir presidente en caso de acefalía por renuncia o muerte del presidente o vice.
El intento de magnicidio contra Cristina Kirchner se produjo en medio de una larga cadena de cruces políticos y judiciales entre el peronismo y la oposición, donde prevalecieron discursos que, como decía el politólogo Guillermo O'Donnell, hicieron retroceder al país a la triste historia que se había cerrado con el retorno de la democracia en 1983: la cultura política donde oficialismo y oposición no se reconocen como adversarios políticos normales, con diálogo y convivencia, sino como "enemigos" en una guerra.
Como el título de la serie de ciencia ficción "Una serie de eventos desafortunados", el Gobierno y el oficialismo del Congreso pusieron en marcha el operativo "defensa de la democracia". Sin embargo, lo hicieron con discursos contradictorios: a la vez que llamaban a la paz y a la unidad contra la violencia política, desde algunos sectores más duros siguieron acusando a la oposición por incentivar al odio.
La multitudinaria marcha en Plaza de Mayo, y la convocatoria a sesión especial limitada a la Cámara de Diputados, fue el corolario de una jornada que marcó un clima de extrema tensión en la Casa Rosada, como probablemente no se vivía desde la peor crisis de la historia, como fue el 2001.
Salvando las diferencias en esta nueva crisis pendular, la grieta política traspasa transversalmente a toda la sociedad, que ve que la dirigencia política incapaz de encontrar una solución a los eternos problemas básicos, como la inflación, la inseguridad, la falta de trabajo y la inseguridad jurídica y económica, que no permiten proyectarse de un día para el otro.
El intento de asesinato de la vicepresidenta dio vueltas en la tapa de casi todos los diarios y portales del mundo, que asistió impávido a la nueva crisis argentina. Este sábado, no obstante, con el Congreso como escenario, se abrirá una oportunidad para volver a la cultura del diálogo y la convivencia pacífica entre oficialismo y oposición. Al mismo tiempo, se presentará la chance de mostrar la necesaria salida de la grieta que permita frenar urgente el camino de una violencia política que es incompatible con la democracia, como el propio Gobierno reconoció.