A dos años del escándalo de Ni Una Menos en tribunales, le cierran la causa al juez que mandó detener a una empleada
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A dos años del escándalo de Ni Una Menos en tribunales, le cierran la causa al juez que mandó detener a una empleada

Juan Carlos Geminagni, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, consiguió el viernes pasado, en el último día antes de la feria judicial de inverno, lo que quería hace dos años: que le cerraran la causa por haber detenido ilegalmente a una empleada.

Según revelaron fuentes judiciales a A24.com, la Cámara Federal firmó el sobreseimiento que pedía Gemignani -integrante de un tribunal superior- diciendo que no se había podido probar el "dolo" (la intención) en la figura de privación ilegal de la libertad.

Aunque el fallo beneficia penalmente a Gemignani, los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens dispusieron que el Consejo de la Magistratura analice si la conducta del magistrado de Casación debe ser castigada a nivel disciplina.

Un detalle: ya tiene un expediente abierto en la Magistratura y hasta ahora no ha pasado nada.

El origen del escándalo. Hace dos años, en medio de la tranquila feria judicial, Comodoro Py vivió un día de furia: el juez Gemignani ordenó la detención de una secretaria judicial por desobedecer una orden suya.

El juez le ordenó a María Amelia Expucci realizar un inventario sobre una cajas arrumbadas en una oficina del primer piso. Adentro, se sabría después, había unas computadoras mandadas a fin de la gestión K por el entonces ministro de Planificación Julio De Vido.

Gemignani sostuvo que eran “dádivas” o “coimas” de parte de De Vido y en las que involucró a su colega de Casación, Ana María Figueroa, a la que siempre se vinculó con el kirchnerismo.

Aunque la investigación de las cajas fue cerrada en primera instancia porque la entrega de esos equipos estuvo documentada, un fallo de la Cámara Federal logró reabrirla hace un año. Hasta ahora no produjo grandes avances.

Detención. Pero volvamos al eje de esta historia: el 28 de julio de 2016, Gemigani le ordenó a Expucci que revisara las cajas, la funcionaria le dijo que necesitaba autorizaciones adicionales. Gemignani entendió que la secretaria lo desobedecía y mandó a los policías a detenerla. Estuvo un par de horas en unos galpones de la planta baja hasta que la dejaron ir.

Causas. Se abrieron entonces varias causas: una de Gemignani contra Expucci -por desobediencia-, que fue desestimada; otra de Gemignani contra De Vido -por las dádivas-, y otra de Expucci contra Gemignani por "privación ilegal de la libertad”.

Fiscal. La fiscal Paloma Ochoa avanzó en esta acusación y promovió un llamado a indagatoria contra Gemignani. Pero el camarista la recusó por falta de “objetividad e imparcialidad”.

La responsabilizó de haberlo "escrachado" en la puerta de su despacho durante la movilización de “Ni una menos” que se hizo dentro de los tribunales de Comodoro Py el 19 de octubre de 2016.

Nadie había visto a Ochoa en la puerta del despacho de Gemignani e incluso un periodista que cubrió el evento la localizó, a esa hora, en el hall del edificio. El juez Rodolfo Canicoba Corral rechazó apartarla, pero Gemignani apeló a la Cámara Federal. También se le rechazó.

Sin embargo, Gemignani insistió en llegar a la Cámara de Casación (tribunal que él mismo integra) y hace un par de semanas, en un fallo dividido, los jueces Eduardo Riggi y Carlos Mahiques abrieron la queja y dijeron que la Cámara Federal revisara si Ochoa debía ser apartada.

Cierre. Para esa altura, la Cámara Federal ya tenían pendiente un reclamo del propio Gemignani pidiendo su sobreseimiento –algo que Canicoba había esquivado definir-. 

En el escrito, Gemingani justificó su proceder en el caso de la empleada detenida, que terminó alejándose de los tribunales de Retiro después de todo este escándalo y  ni siquiera pidió ser querellante en la causa, señalaron las fuentes judiciales a A24.com.

El viernes pasado, a última hora, la Cámara Federal cerró la causa, con el sobreseimiento al juez y sin necesidad de opinar sobre Ochoa. Se estima que el fallo no sería apelado. Ahora la pelota está en manos del Consejo de la Magistratura.