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JUDICIALES

Apelan el cierre de la causa por la represión contra Madres de Plaza de Mayo previo a la caída de De la Rúa

Apelan el cierre de la causa por la represión contra Madres de Plaza de Mayo previo a la caída de De la Rúa
Represión del 19 y 20 de diciembre de 2001

El fiscal federal Franco Picardi apeló el fallo del juez Claudio Bonadio que sobreseyó por “prescripción” a cinco policías que atacaron a las Madres de Plaza de Mayo durante la represión de diciembre de 2001, que precedió a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.

Bonadio dispuso poco antes del inicio de la feria judicial de enero el sobreseimiento del ex jefe de la Policía montada Ernesto Sergio Weber y de los oficiales de esa fuerza Fernando Héctor Villegas, José Luis González, Luis Oscar Rodríguez y Ramón Feliciano Vargas.

El primero estaba acusado por haber impartido la orden de desalojar la manifestación pacífica de las Madres en la Plaza de Mayo, cuando aún regía el Estado de Sitio dispuesto el 19 de diciembre por De la Rúa.

Al día siguiente, después de un cacerolazo espontáneo en la noche del 19, miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo, entre ellas una delegación de las Madres, que fueron atacadas por la policías montados en caballos.

Las imágenes recorrieron el mundo y fueron una muestra de lo que aconteció en la Argentina por aquellos días.

Según una paciente reconstrucción de los hechos que llevó adelante el fiscal Picardi, el subcomisario impartió a sus subordinados las órdenes de sus superiores de desalojar la Plaza de Mayo, como responsable del Departamento Policía Montada del Cuerpo de Operaciones Federales de la Policía Federal.

Los otros cuatro imputados ejecutaron la orden y quedaron reflejados en las imágenes.

Picardi los identificó y les formuló las imputaciones, pero el paso del tiempo y la expiración de la acción penal derivaron en la decisión de Bonadio de declarar “prescripta” la causa.

El fiscal había pedido que todos fueran procesados por el delito de “vejaciones”.

El artículo 144 bis del Código Penal establece penas de uno a cinco años de cárcel e inhabilitación especial por doble tiempo para “el funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales”.

Bonadio consideró que se había agotado la instancia legal por el paso del tiempo y la violación de la garantía a ser juzgado dentro de un “plazo razonable”.

El fiscal apeló la decisión y ahora será la Cámara Federal la encargada de determinar si la causa continúa o se cierra definitivamente.

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