A su vez, esto afecta la calidad de vida de aquellas personas privadas de su libertad. Ya van cuatro años que las cárceles registran sobrepoblación, o sea, que alojan más personas de las que legalmente tienen capacidad para recibir. Para que se entienda: si una cárcel puede alojar a 100 personas pero en realidad aloja a 115, tiene un 15% de sobre población.
Es un problema que creció rápidamente en los últimos dos años: en 2015 fue de 6,2% y en 2016 del 12,3%. Se duplicó de un año al otro. A pesar de ese rotundo crecimiento, en 2017 siguió creciendo y alcanzó el máximo de 15,1%, solo comparable con la sobrepoblación de 2004 (14,5%).
Qué pasa con las sentencias. Según los informes del SNEEP, se revirtió una falencia histórica. Desde hace dos años, son más los presos con condena firme que los que están procesados.
En 2017, el 54,4% de los reclusos tenían condena y el 45% estaban presos pero todavía atravesaban su proceso judicial. Es un síntoma de mejora en el sistema judicial, en comparación con años anteriores.
Qué pasa con la educación formal en las cárceles. El porcentaje de presos que no estudia dentro de la cárcel venía bajando hace 3 años, pero en 2017 creció más de 4 puntos porcentuales. Es un retroceso que se ve principalmente en la caída de la participación de educación primaria y secundaria. Los otros niveles mantuvieron su porcentaje (terciario, universidad y educación no formal).
Qué pasa con la capacitación laboral en las cárceles. La participación en programas de inserción laboral mantuvo la tendencia creciente de los últimos años, aunque aún no se logra igualar el buen resultado de 2013, cuando el 26,5% de los reclusos participó en estos programas.
Sin embargo, vale destacar que entre el primer y el último censo casi se duplicó el porcentaje. En 2003 fue de 12,4% y en 2017, de 24,5%.