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Cinco respuestas a por qué las causas judiciales tardan tanto en resolverse

Cinco respuestas a por qué las causas judiciales tardan tanto en resolverse
Palacio de justicia

La pregunta “¿por qué tardan tanto en resolverse algunas causas judiciales?” no tiene una respuesta única. Pero atento a que esa cuestión está en el corazón de la demanda social hacia un Poder Judicial desprestigiado, este artículo ensayará algunas respuestas.

1- La decisión política de los jueces

Los jueces penales, especialmente los de primera instancia o “instrucción”, son los dueños del proceso. Ellos marcan los tiempos y lo que pasa en el expediente.

Si un juez tiene interés (cualquiera sea su naturaleza) en que una causa salga rápido, lo hará. Por lógica oposición, las causas que no “salen rápido” son porque los jueces no quieren.

Claudio Bonadio imprimió vértigo a todas las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y en menos de cuatro años gran parte de ellas están en los umbrales del juicio oral y público.

El mismo juez Bonadio tiene a su cargo un expediente que se inició –con otro juez- a principios de 2015 por presunto lavado de activos e involucra a familiares y amigos del difunto fiscal Alberto Nisman. En ese expediente prácticamente no ha pasado nada.

La única decisión más o menos relevante fue devolverle en carácter de “depositario judicial” la camioneta Audi que manejaba Nisman a quien está registrado en los papeles como su dueño.

2- Las influencias para que los jueces obren de esa manera

El periodista Rolando Graña definió la estrategia judicial como “freezer o microondas”. Cuando un juez quiere, congela una causa. En otros casos, acelera su cocción.

Esas decisiones no están exentas de influencias externas. Más aún: en un alto porcentaje, el freezer o el microondas se explican en esas influencias externas.

Los denominados “operadores judiciales” existen en Comodoro Py desde que Carlos Menem les dio su impronta casi omnipotente a los inquilinos de ese edificio.

Los hubo (muchos) con Menem; los hubo (muchos) durante el kirchnerismo; los hubo (muchísimos) durante el gobierno de Cambiemos.

Los jueces (y también los fiscales, aunque su poder a la hora de decidir, por ahora, es menor) conocen como nadie los tiempos políticos. Y crecen, se sostienen, consolidan y construyen poder a la sombra de ese escenario político.

Un viejo refrán judicial asegura que los jueces de Comodoro Py son oficialistas: ellos no cambian, los que cambian son los gobiernos.

3- El oportunismo

En el refranero judicial también hay otra máxima que indica que “las leyes dicen lo que los jueces quieren que digan”.

Y, sino, siempre hay un atajo para llegar al mismo objetivo.

La ley de blanqueo de capitales sancionada por el Congreso durante el gobierno de Cambiemos excluía a los familiares de los funcionarios. Pero el entonces presidente, Mauricio Macri, al reglamentarlo, permitió que sus propios familiares se acogieran a ese régimen.

Claramente esa reglamentación era contraria al espíritu de la ley.

Un legislador, el hoy canciller Felipe Solá, lo planteó en la Justicia. Pero distintas instancias judiciales, incluida la Procuración General de la Nación, sostienen que Solá (pese a haber sido uno de los diputados que votó la ley) no tiene “legitimación” para formular ese planteo.

La cuestión sigue abierta, a la espera de un pronunciamiento –preliminar en este caso, porque la reglamentación en sí aún no fue analizada- de la Corte Suprema de Justicia.

El ex ministro de Energía Juan José Aranguren y la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso fueron procesados por el juez federal Luis Rodríguez el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes del cambio de gobierno.

La causa por la que habían sido denunciados y gran parte de la prueba con la que fueron procesados estaba en Comodoro Py desde mayo de 2016.

4- El elástico Código Procesal

El código de procedimientos penales permite casi cualquier conducta para obstruir, demorar, invalidar o derrumbar un expediente.

Durante el menemismo, en la Cámara del Crimen circulaba en secreto una suerte de “lista negra” de abogados que exprimían el Código para entorpecer los procesos. La encabezaba Pablo Argibay Molina, y había una decena de nombres, muchos de ellos hoy fallecidos.

Esa discutible habilidad de los abogados tiene como contrapartida la conducta de jueces y fiscales. Sólo así se explica que haya expedientes que demoran dos décadas.

Sólo algunos ejemplos: la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina; el contrato de los DNI a la alemana Siemens; AMIA; la privatización del espectro radioeléctrico a la francesa Thales Spectrum; la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia; la voladura de la guarnición militar de Río Tercero.

Para que una causa tenga sentencia con fuerza de “cosa juzgada” debe pasar por: un juez y un fiscal de instrucción; tres jueces y un fiscal de la Cámara de Apelaciones; tres jueces y un fiscal de la Cámara de Casación; tres jueces y un fiscal de un tribunal oral; nuevamente tres jueces y un fiscal de Casación y finalmente cinco jueces y un procurador general de la Nación, en la Corte Suprema de Justicia.

Entre jueces y fiscales, 28 funcionarios con poder de decisión antes de que el fallo quede firme.

Si bien es cierto que el Código Procesal establece plazos para cada etapa, también lo es que esos plazos son “ordenatorios”, es decir que si las circunstancias y la “complejidad” de la investigación lo ameritan, pueden extenderse casi hasta el infinito.

5- El caos organizativo

Si un empleado de cualquier rubro tiene que resolver cinco problemas por día y no lo logra hay dos posibilidades: a) que el empleado sea ineficiente; b) que los problemas sean muchos para la capacidad de cualquiera en su situación.

En el Poder Judicial pasa lo mismo. Pero nadie hasta ahora dilucidó cuál de las dos respuestas, a) o b), es la correcta. Todo parece indicar que ambas lo son.

Los jueces pierden mucho tiempo y recursos en cuestiones absolutamente menores. Los tribunales de Comodoro Py están atiborrados de expedientes por jóvenes sorprendidos en la calle fumando un porro. Los de Talcahuano, repletos de intentos de hurto de un paquete de fiambre o de galletitas.

“Entran por una puerta y salen por la otra”, sostiene (y defiende) un sector del imaginario popular.

Es parcialmente cierto. Pero hay una verdad profunda que está escrita en un grafiti en una persiana sobre la calle Talcahuano, casi esquina Lavalle, en diagonal al Palacio de Tribunales.

“Para qué existen las cárceles, si el rico nunca entra y el pobre nunca sale”.

por Néstor Espósito
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