La Corte Suprema de Justicia definió que el Estado Nacional debe devolverle a la provincia de Santa Fe fondos coparticipables por unos 86 mil millones de pesos retenidos indebidamente, según un fallo emitido por el mismo tribunal en 2015.
La Corte Suprema de Justicia definió que el Estado Nacional debe devolverle a la provincia de Santa Fe fondos coparticipables por unos 86 mil millones de pesos retenidos indebidamente, según un fallo emitido por el mismo tribunal en 2015.
La resolución fue firmada este martes por los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rossatti, y se conoció horas después de la reunión que mantuvo el ministro de Justicia, Martín Soria, en el cuarto piso del Palacio de Justicia con los cuatro integrantes del máximo tribunal.
En agosto de 1992, el entonces gobierno de Carlos Menem impuso a varias provincias, entre ellas la de Santa Fe, un recorte del 15% de los impuestos coparticipables. Tras sucesivos planteos judiciales, en 2015 la Corte Suprema falló a favor de las provincias y declaró la inconstitucionalidad.
Desde allí, la discusión jurídica se trasladó a la tasa de actualización que debía pagar la administración nacional en concepto de esos fondos retenidos indebidamente.
La Corte intentó que las partes acordaran la actualización y los plazos, pero, al haber transcurrido seis años de la sentencia definitiva en el conflicto, decidió hoy que se aplique a la deuda nominal la tasa activa del Banco Nación.
El máximo tribunal argumentó su decisión "en el entendimiento de que tal porcentaje permite mantener un equlibrio entre posturas sustentadas en el interés general", y aclaró que no empleó cálculos más onerosos para no comprometer las cuentas públicas.
En rigor, el Estado Nacional deberá devolver el 15% que se retenía por el acuerdo fiscal y otro 1,9% que también se retenía de manera indebida según la Corte, vía la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Según el cálculo de los auditores contables, con la actualización dispuesta por la Corte, el monto total del resarcimiento estaría cercano a los 86 mil millones de pesos.
Si bien no son expedientes con las mismas características, se estima que la decisión impactará en los reclamos que también hicieron por recortes a la coparticipación las provincias de San Luis, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.