"Todo estas cuestiones que parecen menores van abonando un leading case en la intromisión y manipulación del poder judicial en los procesos electorales y la política en general en la República Argentina. El lawfare es esta corriente regional que, a través de los poderes judiciales, ha estigmatizado a los dirigentes populares y que los persiguen", agregó.
Fernández también dirigió sus dardos contra el ex presidente Mauricio Macri y su equipo económico. "Ellos devaluaron y los acusados somos nosotros", dijo la funcionaria. Además, consideró que "lo que hizo Macri violó todas las normas de la administración pública" y lo acusó de "malversación de fondos públicos".
Finalmente, contra todo pronóstico, anunció que no pediría un sobreseimiento. "No voy a pedir ningún sobreseimiento, voy a pedir que aplique la Constitución, hagan lo que tengan que hacer", concluyó.
Inicio de la causa dólar futuro
La causa dólar futuro se inició por una denuncia de diputados del PRO en octubre de 2015, quienes sostuvieron que entre agosto y noviembre de ese mismo año, el Banco Central cerró contratos a "dólar futuro" con los cuales se habrían ejecutado supuestas maniobras anómalas.
Por aquel entonces, el dólar oficial estaba a 9,55 pesos y se le sumaba el 20% en concepto de “dólar ahorro”. Los legisladores sostuvieron que el Central estaba vendiendo dólares a futuro a precios por debajo de la cotización (10,65 pesos a cobrar en marzo) cuando esos mismos contratos en el mercado de Nueva York ya cotizaban entre 14 y 15 pesos.
Cristina Kirchner y Kicillof solicitaron sus sobreseimientos cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ratificó el año pasado que se llevaría a cabo el juicio oral. Sus defensas sostuvieron que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo como "herramienta de control para la estabilidad monetaria y cambiaria del país" y que no hubo perjuicio para el Estado nacional, sino, por el contrario, se produjeron ganancias.
El fallecido juez Claudio Bonadio consideró que hubo delito y procesó a Cristina Kirchner, Kicillof y a ex directores del Banco Central por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública.