De los aforados a los vivos con fueros: ¿qué pasará con el pedido de Bonadio al Senado?
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De los aforados a los vivos con fueros: ¿qué pasará con el pedido de Bonadio al Senado?

Esta semana el Senado debe resolver el pedido del juez Claudio Bonadio para desaforar y allanar los domicilios y el despacho de Cristina Kirchner en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que la ex presidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita.

Más allá de que el efecto sorpresa del allanamiento ya se perdió, es probable que los senadores accedan parcialmente al pedido. Parcialmente porque los peronistas se oponen a la suspensión de los fueros.

Sobre Cristina Kirchner, el jefe del bloque peronista en el Senado Miguel Ángel Pichetto dijo la semana pasada que “Ante un planteo de prisión preventiva no corresponde (el desafuero). Es complicado porque lo que se haga hoy con determinada persona puede ocurrir en otra...No procede el desafuero en etapa instructoria”.

Sobre todo el caso Menem y el caso de Cristina Kirchner, vuelven a poner en escena la discusión de para qué sirven los fueros. Y si estos no sean convertido acaso en un “aguantadero”. Veamos.

Cuándo nacieron los fueros. En Inglaterra en el siglo XIV con el objetivo de garantizar protección a los parlamentarios frente a los ataques y abusos de poder del rey.  Por esos tiempos, era habitual que cuando un parlamentario se oponía a los deseos de la Corona, estos les armaban causas judiciales para apartarlos de sus funciones.

Así, los fueros nacen para proteger a los parlamentarios de ser sometidos a procesos judiciales sin la autorización previa del propio Parlamento. Es decir, como un privilegio para evitar que servidores públicos sean acusados sin fundamento.

En las constituciones modernas los fueros fueron concebidos para garantizar la libertad de expresión de los legisladores, para que puedan controlar y disentir con el Poder Ejecutivo evitando represalias y persecución.

Qué dice la ley en la Argentina sobre los fueros.  Nuestra Constitución regula los fueros en tres artículos. El artículo 68 dice que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. El artículo 69 señala que ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado. Y el artículo 70 se refiere al desafuero y dice que el legislador podrá ser suspendido en sus funciones con la aprobación de cada Cámara, con dos tercios de los votos.  

En el 2000, en medio del escándalo de los sobornos en el Senado, el Congreso sancionó la ley 23.320 que dice que cuando se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, el trámite judicial debe seguir su proceso normal hasta su total conclusión. Sólo cuando se ordene la detención del legislador, antes de hacerla efectiva el juez deberá pedir el desafuero. Y sólo se podrá hacer efectivo el arresto, una vez que el legislador haya sido desaforado.

Los fueros parlamentarios no impiden la indagatoria, ni el procesamiento, ni la elevación a juicio. Además, la ley establece que no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara. 

Es decir, a diferencia de lo que pasaba antes, las causas pueden avanzar hasta el final. Sólo que no se puede encarcelar a un legislador sin desafuero previo. El ejemplo es Carlos Menem, condenado a prisión efectiva, pero aforado como senador.

En efecto, ningún senador o diputado puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen.

Qué pasa en la práctica. Pasó algo, en principio, impensado. Los fueros como vimos surgieron para hacer posible el intercambio de opiniones en libertad. Ellos suministran al legislador la paz necesaria para ejercer su trabajo sin temores y para enfrentar a los poderosos sin temer a las consecuencias.

No obstante, la política práctica, es decir los hábitos de los dirigentes, cambiaron el sentido de la ley. Quizá por un sesgo corporativo, los fueros se transformaron en un muro que protege a los imputados por delitos de corrupción de la acción de los jueces que buscan, precisamente, reparar la Constitución que los aforados violaron.

Se desplazó el sentido de la protección y pasó de resguardar la libertad a coartar la acción de la justicia.

En tiempos en los que los fueros funcionan, en palabras del constitucionalista Roberto Gargarella, como "prerrogativas de resguardo al delito" y la Justicia está en la mira por sus arbitrariedades y mal funcionamiento es necesario discutir profundamente la transparencia de nuestras instituciones.

No se sabe qué pasará pero sí sabemos que, una vez más, el Poder Judicial y el Poder Legislativo tienen una oportunidad histórica para mejorar sus prácticas, dejar de amparar la corrupción y, en cambio, luchar contra ella.