Félix Crous es su titular

¿De qué se ocupa la Oficina Anticorrupción desde que se retiró como querellante de todas las causas K?

El director de Planificación de Políticas de Transparencia, Luis Villanueva, habló con A24.com
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Luis Villanueva es abogado

Luis Villanueva es abogado, fue coordinador del programa de Lucha contra la Corrupción de ACIJ, colaboró  en el Ministerio de Seguridad y en la Procuración general de la Nación. Actualmente ocupa la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia. Es el segundo de Crous.

Desde que la Oficina Anticorrupción abandonó su rol de querellante en treinta y dos causas que investigan a exfuncionarios del kirchnerismo y el menemismo, quedó desvanecido su rol como organismo acusador.

Su titular Félix Crous había explicado que su objetivo era concentrarse en el desarrollo de políticas de prevención y dejar a los fiscales en el papel de acusadores ante la justicia.

A nueve meses de esa decisión, A24.com dialogó con el Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Luis Villanueva, acerca de cuál es, en este momento, el nuevo rol de la Oficina. Aclaró que aunque siguen denunciando los casos sospechosos, en esta etapa hacen hincapié en tratar de evitar los delitos.

Villanueva marcó las diferencia con la gestión del gobierno macrista, que estuvo a cargo de Laura Alonso. Además, describió la Estrategia Nacional de Integridad, y anunció el armado del futuro Registro de Integridad y Transparencia (RITE).

-¿A qué se dedica la Oficina Anticorrupción ahora que se retiró de los juicios como querellante?

- A partir de la gestión de Félix Crous cambió claramente nuestra perspectiva de trabajo, procurando cumplir con lo que establece la ley respecto del deber de denunciar y realizar investigaciones, pero saliendo de la participación activa de los juicios que implica ser querellante. Esa decisión obedece fundamentalmente a darle preeminencia a otro de los roles de la OA, qué es el diseño de políticas preventivas contra la corrupción.

-¿Por qué no deberíamos interpretarlo como una protección a Cristina Fernández y a los acusados del kirchnerismo?

-Félix Crous lo explicó bien. Nosotros salimos de todas las querellas. Aunque las gestiones anteriores siempre desistieron en algunas causas, la diferencia ahora es hacia dónde enfocamos la instancia de persecución. En el caso de Laura Alonso abandonó todas las querellas que eran contra funcionarios anteriores al 2007 y se centró exclusivamente, totalmente, completamente en funcionarios del gobierno kirchnerista, y en la propia Cristina Fernández.

Lo hizo sin investigar al gobierno de Mauricio Macri, al cual pertenecía. Eso es arbitrariedad. Si hubiésemos hecho lo mismo que ella estaríamos iniciando cuarenta y cinco querellas en contra del macrismo. Nosotros cambiamos esa lógica y en vez de dedicarnos a investigar a opositores, lo que decidimos es enfocar todo a la política preventiva.

-¿Qué hacen ahora cuando encuentran un hecho de presunta corrupción?

- Nosotros hacemos investigaciones sobre la actuación de todos los gobiernos, lo que no hacemos es participar en el juicio porque hay otros organismos públicos, como el Ministerio Público Fiscal o la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que forma parte del MPF. En la OA nos limitamos a denunciar un hecho en la justicia, y a partir de allí quién debe investigar es el juez o el fiscal, como funciona en todo el mundo. Nuestra tarea principal es la prevención.

-¿En qué consiste la tarea de prevención de la corrupción en el Estado?

- Lo primero que hicimos es entender que la Oficina Anticorrupción por sí sola no podía generar instancias de control de toda la amplitud del Estado, con alguna perspectiva de éxito, porque somos una oficina muy chiquita, y necesita irremediablemente articular con todos los organismos de control en los ministerios, entes y empresas públicas donde hubiera posibilidad de corrupción.

Entonces trabajamos para crear áreas de integridad y transparencia en los grandes organismos públicos. Es lo que denominamos “Estrategia Nacional de Integridad”. Ofrecemos para crear en cada ministerio equipos especializados y políticas públicas según el eje de gestión del área. Por ejemplo en el Ministerio de Obras Públicas cambió radicalmente la concepción de la obra pública como nicho de corrupción. Está claro que en este gobierno no está sucediendo.

El proceso de transparencia en un sector clave como la obra pública

-Está nombrando uno de los sectores más emblemáticos, de donde salieron denunciados, procesados y condenados como Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, entre otros.

-El control de gestión de Gabriel Katopodis en obra pública se basa en un trabajo colaborativo en todas las instancias. Puede ser en el momento de la licitación, de la contratación pública, la etapa de ejecución o de pago, pero también antes de que comience el proceso, evitando la cartelización de las empresas. El gran desafío es trabajar en todos los frentes que implica prevenir la corrupción.

Lo primero que hicimos fue crear un Observatorio para monitorear el proceso de fortalecimiento de transparencia, con la participación de organizaciones no gubernamentales, universidades, empresas, sindicatos. Elaboraron un código de ética, un mapa de inversión, el uso de tecnología para contralor e inspección de obras. Todo implicó un montón de trabajo.

-¿Durante la gestión anterior no se controló al Estado?

- Nosotros convocamos a un consejo asesor más amplio, incorporamos a Poder Ciudadano, a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sindicatos, universidades, convocamos a un consejo asesor que incluye sobre todo miradas diferentes sobre el estado y el fenómeno de la corrupción. Laura Alonso tenía un consejo asesor más chico, con organizaciones con las que tenía un trato más cercano.

Nosotros estamos articulando más de 150 iniciativas con 25 áreas de transparencia. Durante el macrismo había un Plan Anticorrupción que nunca se ejecutó.

-¿Cómo se proponen controlar al sector empresario privado?

- Si ponemos solamente el foco en el sector público vamos a producir resultados moderados como mucho, y lo mismo en el sector privado. Tenemos que poner el foco en los dos lados del mostrador. Estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un Registro de Integridad y Transparencia (RITE). Se trata de una plataforma donde se podrá evaluar el cumplimiento de la Ley de responsabilidad de personas jurídicas que establece mecanismos de transparencia y prevención de delitos en las empresas.

-¿Cuando comenzará a funcionar el RITE?

- Está en proceso de desarrollo. En la primera etapa trabajamos en el diseño de los formularios para que las empresas ingresen sus programas, para que den cuenta de sus programas de integridad. Lo hacemos de manera colectiva con las cámaras empresariales,

Luego será la etapa de empaquetamiento y desarrollo de la plataforma, y en febrero o marzo del año próximo estará funcionando.

-¿Quiénes podrán registrarse en el RITE?

- Será para todas las empresas que quieran, las que tengan vínculos con el Estado y aquellas que quieran exponer que cumplen con las políticas de transparencia. Nos inspiramos en la plataforma que puso en marcha en México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que ellos llaman “el padrón de integridad”. Es donde las empresas dan cuenta de sus políticas y capacitación para mejorar el rendimiento.

Lejos de lo que nos imaginamos, tenemos una demanda muy fuerte del sector privado, porque les servirá para conocer a sus propios proveedores. Nos llaman para inscribirse y les decimos que deben esperar al 2022. El RITE es una herramienta muy atractiva.

Los empresarios están obligados a controlar su cadena de valor, y para eso pagan a consultores. Con el RITE podrían evitar ese gasto y diligencia.

Nosotros creemos que el RITE será el producto con más repercusión de nuestra gestión, será un progreso incluso en beneficio del sector privado.