icons
Cotización dólar:
Compra
--
Venta
--
BUENOS AIRES
T. --
H. --
JUDICIALES

Deudas y obligaciones del Poder Judicial frente a la sociedad: cuáles son los desafíos del nuevo gobierno

Deudas y obligaciones del Poder Judicial frente a la sociedad: cuáles son los desafíos del nuevo gobierno
Cristina Fernández de Kirchner en la indagatoria por la causa Obra Pública

La autora de esta nota es ex jueza de Casación y actual coordinadora de la Comisión de Justicia del Instituto Patria

Después de haber escuchado la indagatoria que la futura Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, rindiera ante el Tribunal Oral Federal nª 2, no es posible obviar el uso del Poder Judicial como herramienta de la práctica “lawfare”, que no sólo afecta a nuestro Poder Judicial, sino que también es posible identificar en otros poderes judiciales de la región.

Desconocer que en los últimos tiempos hemos asistido -lamentablemente sin que nos provocara mayores sorpresas-, a un uso indiscriminado de la prisión preventiva, sobre la base de interpretaciones extravagantes y creativas de las normas procesales, de tal forma que hasta se puede atribuir a esa práctica un uso que excede notoriamente las necesidades procesales de sujeción al proceso, no puede ya considerarse una actitud ingenua. En rigor, hasta es posible aventurar que se trata de un designio que poco tiene que ver con la realidad jurídica de los expedientes.

Estas cuestiones que diariamente proveen de material a los medios periodísticos, y que a su vez resultan correlato de los grandes titulares han sido determinantes para que creciera el descrédito del Poder Judicial a niveles que nunca antes había alcanzado.

Esta falta de credibilidad es a mi juicio el mayor de los problemas que hoy enfrenta nuestro sistema de resolución de conflictos. Es que la eficacia de la labor judicial se basa en la credibilidad que se otorga a los fallos judiciales para poder dirimir los conflictos que se someten a juzgamiento.

Es claro que la solución de este descrédito no es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, es que si el Poder Judicial no decide enfrentar la situación no habrá política del Ejecutivo o actividad del Legislativo que pueda resultar útil a ese efecto.

Sin embargo, sí habrá de tocar al Ejecutivo facilitar los medios económicos para avanzar en la provisión de los recursos técnicos, humanos y hasta edilicios. Basta recordar que recientemente el Consejo de la Magistratura ha declarado el estado de emergencia edilicia en el que se ha sumido el Poder Judicial.

También habría que considerar lo que habría que omitir. La consabida pretensión de intromisión en las decisiones judiciales, tanto real como ficcional, debe cesar en forma evidente.

No alcanzará con que desde el ámbito político no se pretenda manejar al judicial, sino que es necesario que la proclamada independencia judicial sea evidente.

Esta demostración de independencia no podrá provenir del Ejecutivo, sino que le toca al Judicial mostrar al ciudadano que ha recuperado su capacidad de equilibrio. En este punto creo que corresponde aclarar que la independencia de los jueces, no puede basarse en la confianza que podamos depositar en los funcionarios, sino que es necesario un sistema que estructuralmente facilite la actividad judicial libre de presiones.

En este sentido, la publicidad no sólo de los procesos judiciales sino también del sistema burocrático que rige la actividad del foro, nos permite a los ciudadanos comunes controlar la actividad de los tribunales, así como sirve de escudo a los operadores judiciales para eludir presiones, porque al limitarles la capacidad de decisión sobre los tiempos judiciales, y el orden de las tareas, cierra los caminos para la arbitraria elección de un asunto por sobre otro, o de los momentos para tomar o dejar de tomar tal o cual decisión.

A su turno le habrá de corresponder al Poder Legislativo avanzar en la aplicación del sistema acusatorio al Fuero Pena Federal, superando esta desigualdad que hoy existe entre quienes son sometidos a juzgamiento en Salta y Jujuy o en el resto del territorio nacional.

Asimismo, poniendo atención en las acciones civiles, laborales, en fin de acción privada, habrá que avanzar en el proceso oral, como mejor solución para mejorar los tiempos de trámite de los expedientes, porque la actual situación no cumple con la misión de ser la mejor forma de solución de los problemas, sino que hasta resulta una forma útil para retrasar el cumplimiento de las obligaciones y esto siempre es en desmedro del más débil de la ecuación.

Por último, creo que el cambio fundamental será avanzar hacia la verdadera paridad en la conformación del Poder Judicial, superando el “techo de cristal”, y exigiendo a los miembros del Poder efectiva capacitación en materia de género.

Este escueto y ambicioso catálogo de desafíos es deuda y obligación del Poder Judicial frente a la sociedad. A todos nos toca lograr estos cambios.

(*) La autora es coordinadora de la Comisión de Justicia del Instituto Patria

por María Laura Garrigós (*)
SUBIR

NWS

Ovación

Show