La mentirita

La desaparición de Facundo, las deficiencias en la investigación y la necesidad de hacer algo con la Justicia

Catalina de Elía
por Catalina de Elía |
La desaparición de Facundo, las deficiencias en la investigación y la necesidad de hacer algo con la Justicia

Mientras la dirigencia política ingresó en una espiral que se asemeja a una regresión infinita en derredor de la reforma judicial en la que, paradójicamente, lo que menos se discute es el proyecto del Poder Ejecutivo y el debate se estancó en la pregunta "reforma sí" o "reforma no", la sociedad tiene frente a sus ojos buenas razones que revelan los problemas del sistema judicial. Me refiero al caso de Facundo Astudillo Castro.

Como dicen algunos sociólogos, el saber práctico de la sociedad siempre está más adelante que la dirigencia política. Son pocas las personas de a pie que están contentas con la Justicia. Basta para corroborarlo repasar cualquier encuesta. Por citar un ejemplo, para la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés un 80% de los encuestados no está satisfecho con el desempeño de la Corte Suprema (julio 2020).

La desaparición de Facundo Astudillo Castro explica las razones de ese saber práctico que desconfía de la administración de Justicia. Propongo reflexionar sobre el caso más allá de cualquier tipo de especulación e independientemente de las personas que están trabajando. Me interesa analizar el hecho como síntoma de una crisis. Por ello voy a enumerar algunos rasgos que hablan por sí mismos.

Hace más de 100 días que Facundo desapareció. El Estado aún no tiene idea acerca de qué pasó. Facundo no desapareció en una megalopoli. Por lo que se conoce, su recorrido se limitó al interior de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que un pescador -no el Estado- halló un cuerpo aún no identificado. La acción de este pescador es la pista más fuerte sobre el destino de la víctima. Los problemas de eficacia para ubicar a una persona en un territorio delimitado saltan a la vista y se parecen al caso de Jorge Julio López o al de la familia Pomar.

Hay además evidentes problemas de coordinación y de flujo de información en el interior de la relación entre la policía y la Justicia. En efecto, las versiones de los policías difieren. Existen sospechas sobre el modo en que se resguardaron las pruebas. La propia policía no puede explicar algunos hechos relevantes como la presencia de un amuleto presuntamente de Facundo en el interior de una dependencia.

Además el desempeño institucional es extremadamente frío. La madre de Facundo reclama conocer el rostro de algunos actores de la investigación y que ellos conozcan el suyo y el de sus circunstancias. Ello habla de la deshumanización del desempeño judicial. Muchas veces vimos por los medios de comunicación masiva la repetida presencia de funcionarios públicos hablando hasta el cansancio sobre hechos de alto impacto. En este caso, frente a una desaparición y con la carga valorativa que esa palabra tiene en nuestra historia, la mayoría de los funcionarios eligió el silencio.

Cuando el cuerpo fue hallado por un pescador ocasional, el Estado en busca de la legitimidad perdida convocó al prestigioso Equipo de Antropología Forense. Esa elección es válida, pero explica una suerte de reconocimiento de la falta de credibilidad de las propias oficinas periciales de la Justicia.

Para los investigadores hay tres hipótesis sobre Facundo. Una muerte sospechosa entre los pueblos de Mayor Buratovich y Teniente Origone, sospecha que se extiende a la policía. Luego una muerte accidental camino a Bahía Blanca. En este escenario la policía no tendría relación. Finalmente un vínculo entre Facundo y el narcotráfico. La familia sostiene la primera alternativa y el fiscal del caso la segunda. Estas diferencias, para la familia, no serían sólo técnicas.

El devenir de la investigación, más allá de cuánto concluya la Justicia, nos muestra la falta de profesionalidad del aparato represivo-judicial del Estado para hallar a una persona, nos muestra los problemas para explicar racionalmente la propia actividad probatoria de las agencias del Estado, nos muestra las dudas que envuelven a las palabras de los funcionarios, nos muestra la violencia que produce el propio Estado al alejarse de las víctimas y no contarle a la sociedad lo que la ley permita contar.

Frente a este panorama, que es un espejo de las representaciones de la gente de pie sobre la administración de Justicia, me pregunto: ¿se puede pensar que no hay que hacer algo ya con la Justicia?