Poder Judicial

Gallo Tagle, sobre las visitas de jueces a Macri: "Es grave, pero dejemos que se defiendan"

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales (AMFJN) se refirió al escándalo por los encuentros entre jueces y el expresidente.
por Rosario Bigozzi | 07 de abr de 2021 - 12:49
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales de la Nación (AMFJN)

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales de la Nación (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, habló sobre los casos de Hornos y Borinsky.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales de la Nación (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, afirmó que si los jueces federales Gustavo Hornos y Mariano Borinsky hicieron “visitas irregulares” el tema es grave. Debería ser investigado como prevaricato, si fuese que se dictó una resolución judicial arbitraria.

En una entrevista con A24.com se refirió así al escándalo tras la revelación del Registro de la Casa Rosada y la Residencia de Olivos, donde figuran los reiterados ingresos de los camaristas de Casación durante el gobierno de Mauricio Macri. Pidió llevar adelante un análisis serio, en forma idónea, y que sea un juez competente o el consejo de la Magistratura quien llegue a una conclusión.

Además, Gallo Tagle confirmó que como Asociación le pidieron una audiencia al nuevo ministro Martín Soria, para plantearle sus observaciones a los proyectos de reforma judicial, porque creen que atienden a intereses mezquinos y personales. Habló de intentos de avasallamiento y domesticación de los magistrados, a la vez que criticó el nuevo régimen previsional y las intimaciones del ANSES a los jueces que iniciaron su trámite de jubilación.

A24.com- ¿Tuvieron contacto con el nuevo ministro de Justicia Martín Soria?

Gallo Tagle- Le estamos pidiendo una audiencia al ministro Martín Soria. La Asociación de magistrados siempre pide una reunión cada vez que arriba un nuevo Ministro. Tratamos de tomar contacto para ponernos a disposición y llevarle nuestras propuestas para la mejora del sistema de justicia. Queremos plantear nuestras observaciones a los proyectos que están pendientes en el Congreso.

-¿Cuáles son esas observaciones?

-Entendemos que no apuntan a una mejora perdurable en el tiempo. Atienden intereses puntuales, personales y actuales, mezquinos y producidos, que no van a tener el resultado que se aspira y se declama de una real mejora.

-¿Cuáles serían esos intereses puntuales?

-Uno de los proyectos propone la modificación de la Ley orgánica del Ministerio Público. Nosotros nos oponemos a la reducción de mayorías para la selección y remoción del Procurador. No se trata de una defensa corporativa, es una defensa de los ciudadanos, porque el fiscal es quien impulsa una acción en la que se investiga cualquier delito.

Puntualmente nos preocupa en delitos que puedan estar vinculados con la corrupción en algunos poderes del estado. Si se reducen las mayorías para respaldar o remover al fiscal (de los dos tercios de los votos del Senado pasaría a la mitad más uno), al poder que se sienta afectado por un caso, le bastará una simple mayoría para destituir a ese fiscal e interrumpir una investigación...Si modifican la ley, genera una búsqueda de disciplinamiento o domesticación por temor a la remoción. El mayor peligro es la destitución, porque no creo que ningún funcionario que conozco se deje amedrentar.

-¿Qué le van a decir acerca de la unificación de fueros bajo la denominación de fuero Penal Federal?

-Sobre la Unificación de fueros, que se conoce bajo el título marketinero de “democratización de la justicia” pensamos que tiene aspectos positivos y otros que no. La fusión para aumentar la cantidad de juzgados federales ( en Buenos Aires) es positiva , si lo pensamos como una manera de distribuir un montón de causas que tienen un cúmulo importante en la justicia federal actual.

Pero proponer juzgados federales en el interior del país genera costos enormes e innecesarios, porque con la modificación del código procesal penal que ya está puesto en marcha en Salta y Jujuy, y próximamente en Mendoza y Santa Fe, quien debe impulsar las causas es el Ministerio Público Fiscal y en cierta medida el Ministerio Público de la defensa. De haber tenido que crear dependencias debieron ser fiscalía y defensorías, no juzgados.

Por eso queremos participar, porque la creación de un juzgado depende de un estudio previo y hay que ver si se justifica la creación de un juzgado. Si la litigiosidad existente lo justifica o no.

-¿En qué situación se encuentran los planteos judiciales por la jubilación de los magistrados?

-El más sustancial es el de la reforma previsional. Con argumentos falaces se promovió por el supuesto "gran déficit" del sistema previsional del poder judicial. Al ir a discutir el proyecto al Congreso de la Nación pedimos que nos muestren los números que le habían entregado a los legisladores que votaron la ley, y nos dijeron que no se los habían entregado, pero si los querían estaban a disposición.

La Asociación de magistrados hizo la auditoria por su cuenta. Demandó seis meses, y demostramos que no había el déficit que denunció la ANSES, que era falaz.

Nosotros éramos partidarios de reformar el sistema pero se partió de números falaces y se ocultó que el aporte de un integrante del poder judicial es muy superior al de cualquier otro ciudadano porque no tiene límite. Es decir, el ciudadano común aporta 11 por ciento, con un techo, que en aquel momento era de 150 mil pesos. Si ganaban más seguían aportando 11 por ciento de 150 mil.

En cambio, en el poder judicial se aportaba el 12 por ciento sin techo, con lo cual el número se eleva exponencialmente.

El segundo punto es que cumplidos los años de aportes que la ley exige, el sobrante de esos años no va a la caja del poder judicial, sino que va a la ANSES, con lo cual el poder judicial está aportando para cubrir el déficit de la Administración Nacional.

Todo eso se ocultó y se habló de una ley de privilegio, cuando se trataba de un régimen especial. Si hay que buscar ajustes, podemos colaborar en buscar la manera, pero nos preocupa que bajo argumentos falaces u ocultando otros fundamentos, se genera una imagen pública negativa del poder judicial.

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"Nosotros nos oponemos a la reducción de mayorías para la selección y remoción del Procurador", afirmó a A24.com Gallo Tagle.

-¿Por qué también fueron a la justicia ante las cartas que recibieron unos 200 magistrados que los intimaban a resolver si se jubilan o no? ¿Cómo lo interpretaron?

-Como un nuevo avasallamiento de la independencia del poder judicial. Una de manera de buscar vacantes intentando que gente cansada por el manoseo, desista y se vaya, cosa que no ocurrió. Los magistrados se mantuvieron firmes y prefirieron no tolerar semejante avasallamiento. Hace un año preveíamos una situación como esta. Pedimos que se dejaran constancias de que la reforma en modo alguno vulnera los derechos adquiridos bajo la óptica de la vieja norma. No está escrito en la ley y ahora sin que esté escrito se abre un litigio.

Razonablemente no puede tener buen éxito esta intimación, proveniente de un órgano administrativo carente de facultades para decirle a un juez si tiene que renunciar o no. Para eso está la Constitución que establece los mecanismos.

-¿Cuál sería el propósito de disciplinar a los jueces?

-El objetivo sería que no haya jueces que puedan actuar con independencia, o afectar algún interés del poder ejecutivo de turno como ocurre con causas que se están investigando. Tratan de domesticar al poder judicial. Pero no lo lograron, porque todos están encolumnados en la acción judicial en el fuero contencioso administrativo, dejando de resalto que la intimación es inconstitucional.

-¿A qué intereses se refiere?

-A cualquier causa que se lleva adelante por la corrupción de las autoridades del poder ejecutivo.

-¿Cómo analizan las revelaciones de los registros de las visitas de jueces de Casación a la Casa Rosada y la quinta de Olivos?

-Las denuncias ya fueron realizadas, pero preocupa que ya se está dictando sentencia y condenando a los jueces involucrados sin permitirles ejercer su defensa. Dejemos que se defiendan, que el Consejo de la Magistratura produzca la prueba, que los denunciantes y defendidos hagan lo suyo, y se llegue a una conclusión. No estoy hablando corporativamente, estoy defendiendo el derecho a la defensa. Hay que llevar adelante la investigación, sin ocultar nada,el tema es grave.

-¿Son conscientes de las dudas y el desgaste que estos hechos le producen a la justicia?

-Sí, pero no se debe condenar antes de que se defiendan. El tema es grave, pero se saltan valladares y se saca la conclusión por el impacto. Vi los niveles de agresividad en las redes sociales. Me preocupa la opinión por desconocimiento o la malintencionada que lleva a sacar conclusiones peligrosas.

Si se demuestra que esas visitas fueron por razones irregulares, entonces el juez competente resolverá. Ni los periodistas ni la Asociación de magistrados. Debe realizarse un análisis serio, en forma idónea, y que sea un juez competente o el consejo de la Magistratura quien llegue a una conclusión.

-La pregunta sería ¿qué delitos podrían configurarse? ¿Hay delito, en todo caso?

-El delito es el prevaricato. Si es que se dictó una resolución arbitraria a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.