Tras el fallo de la Corte Suprema

Gobierno-Poder Judicial: 8 claves para entender la escalada de tensión

De una lado acusan a los Supremos de favorecer políticamente a Rodríguez Larreta. Por el otro, creen que se arremete contra la división de poderes.
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Los jueces de la Corte Suprema Rosatti

Los jueces de la Corte Suprema Rosatti, Highton, Lorenzetti, Maqueda y Rosenkrantz. Se mantiene en varios planos la tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial. (Foto: archivo)

 

Las repercusiones por el fallo de la Corte Suprema, que revalidó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pusieron en evidencia el nivel de efervescencia en la disputa entre el Gobierno Nacional y la Justicia.

Estas son las 8 claves que describen cómo perciben este conflicto “indisimulable” en el poder político y en los tribunales.

1- La sentencia de la Corte contra el DNU que suspendió las clases presenciales.

Después de que el Máximo Tribunal respaldó el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta, no tardaron en surgir desde el oficialismo las voces en contra. Coincidieron en acusar a los supremos de haber emitido un fallo político, porque lo firmaron cuando el decreto cuestionado había perdido vigencia.

En cambio, desde el seno del poder judicial consideraron que el fallo “es de libro” y quienes lo critican no lo hacen desde el derecho sino desde la contienda política.

Recordemos que Cristina Fernández habló de un intento de golpe de Estado. Luego el presidente Alberto Fernández agregó que “un juez no puede usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan”.

2- El proyecto de reforma en la elección del Procurador.

Eduardo Casal es el fiscal ante la Corte Suprema que se opuso al DNU que impedía la presencialidad en las escuelas. Aunque su opinión nunca es vinculante, lo acusan de formar parte de la presunta maniobra para favorecer al distrito porteño.

Justamente Casal es quien ocupa interinamente el cargo de Procurador General hasta que el gobierno logre un acuerdo en el Senado para nombrar a un nuevo titular, o consiga que Diputados convierta en ley la propuesta que reduce la cantidad de votos necesarios para su designación, de dos tercios a la mitad más uno.

Eduardo Casal horiz
Casal es quien ocupa interinamente el cargo de Procurador General hasta que el gobierno logre un acuerdo en el Senado para nombrar a un nuevo titular.

Casal es quien ocupa interinamente el cargo de Procurador General hasta que el gobierno logre un acuerdo en el Senado para nombrar a un nuevo titular.

Ahora más que nunca el gobierno se inclina por sacar del medio al Jefe de los fiscales interino. Desde el oficialismo aseguran que la oposición intentará mantenerlo al frente del Ministerio Público para proteger a su líder Mauricio Macri.

Mientras tanto, Casal se autodenunció en los Tribunales de Comodoro Py, después de que el diputado nacional Rodolfo Tailhade pusiera en duda su declaración patrimonial ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del MPF.

Fuentes cercanas a la Procuración confirmaron a A24.com que Casal presentó ante la justicia la lista de sus bienes, más el trámite de sucesión por la herencia de sus padres. A su vez, insistieron en señalar que Casal es un hombre de carrera, y que una vez que elijan al nuevo titular del Ministerio Público, regresará a sus funciones habituales.

3- Cambios en el Ministerio de Justicia.

El flamante Ministro de Justicia fue uno de los portavoces a la hora de rechazar el fallo de la Corte. Acusó a los jueces del Máximo Tribunal de jugar políticamente para favorecer a un candidato a presidente, en obvia referencia a Horacio Rodríguez Larreta.

https://twitter.com/MartinSoria_/status/1389650150428233728

Con su reacción, conformó a los miembros del oficialismo, que con la salida de Marcela Losardo reclamaban que el gobierno se involucrara más en la pelea contra el poder judicial. Algunos confesaron a A24.com que en este sentido “faltaba actividad en el albertismo” y que con el cambio de ministro comenzó a repuntar.

4- Visitas de los jueces a la Casa Rosada y Olivos.

Quienes desde el gobierno critican el fallo de la Corte, vinculan el respaldo a Rodríguez Larreta con las cuestionadas visitas a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada de los jueces de la Cámara de Casación federal, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, cuando Mauricio Macri era presidente.

Argumentan que durante ese período, el poder judicial se acostumbró al intercambio de favores. Lo describen como un reparto de ascensos, traslados y poco control, con la retribución de contar con la complicidad judicial en algunos casos de persecución, sobre todo contra la expresidenta Cristina Fernández.

5- Quién es quién en la justicia según el oficialismo.

Una voz altamente representativa de la mirada kirchnerista sobre el poder judicial, que pidió no ser identificada, le dijo a A24.com que podrían describirse cuatro bandos para confrontar.

Por un lado, la línea encabezada por los jueces incorporados a la Corte Suprema por Mauricio Macri: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Considera que la oposición "apuesta fuerte sobre ellos para proteger a su jefe".

La línea de Ricardo Lorenzetti, que tendría el mérito de haber "motorizado la persecución judicial contra el gobierno, y que le permitió sobrevivir en el máximo tribunal".

En tercer lugar, el sector de Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. Ellos serían "más bien víctimas de este mecanismo, con la adhesión de muchos magistrados".

Por último, el grupo de "los otros", dónde estarían los jueces que "vieron todo lo que pasó, pero se refugiaron en sus oficinas y fingieron demencia".

6- Los reclamos de los jueces y fiscales.

Los jueces y fiscales tienen entre ellos sus diferencias de opinión. Estas se manifiestan entre otras cuestiones en su posición sobre la propuesta de reforma judicial con la unificación de los fueros nacional y federal, la modificación en la elección del Procurador General, la nueva Ley Previsional para magistrados, las notificaciones de la ANSES para que expresen si se jubilan o no, o el aporte al impuesto a las ganancias. Precisamente estas divergencias se reflejaron también en la reacción de cada uno de los sectores ante el fallo de la Corte Suprema.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) repudió las críticas del gobierno a la Justicia, pidió que se acate la división de poderes, y rechazó el estilo de declaraciones de las más altas autoridades políticas de la Nación.

También dentro de este grupo, los integrantes de la Lista Bordó, fueron más allá y reclamaron “mesura y prudencia en los debates políticos y sociales, para dar a toda la ciudadanía el ejemplo de respeto a las reglas que rigen la vida democrática”.

Por su parte, la Asociación Civil Justicia Legítima criticó a la Corte por avanzar sobre competencias ajenas, poniendo en peligroso entredicho la republicana división de poderes.

Señalaron que las decisiones políticas son del Poder Ejecutivo, no del Judicial, a la vez que aclararon que solo podría entenderse este avasallamiento en la voluntad de la Corte de favorecer determinados intereses políticos-partidarios, poniendo en riesgo la convivencia democrática de los argentinos.

7- Judicialización de la política o politización de la justicia.

Este es en definitiva el debate que se manifiesta entre los tribunales y el gobierno. En Comodoro Py o en el Palacio de la calle Talcahuano, los funcionarios observan este litigio como un debate en el que la política los involucra. Advierten que “si los convocan presentando denuncias, luego deberían hacerse cargo de los dictámenes de los funcionarios judiciales, que se afianzan en la letra de la Ley”.

Desde el gobierno nacional observan que “la judicialización de la política es lo que hace el macrismo cuando va y judicializa las decisiones del poder ejecutivo”.

Puntualizan que acudieron para volver justiciable el presunto “veneno de la vacuna rusa hasta cosas locas como pedirle que ordene al Parlamento que dicte determinadas normas”.

Sin embargo, también distinguen la “politización de la justicia, que hace que el poder judicial esté dividido en bandos y que busque aliados estratégicos en la oposición”.

8- Las causas contra Cristina Fernández.

Para muchos aliados al kirchnerismo los procesos iniciados contra la vicepresidenta fueron “construidos como carta de negociación”. Remarcan que de todos modos se llevaron una sorpresa, cuando nadie se presentó a negociar, sino que se encontraron con una Cristina Fernández que pelea sus causas”.

Es evidente que a esta misma cuestión se refería la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, cuando esta semana aseguró que el “Poder Judicial le ofreció un pacto de impunidad” a Cristina Kirchner y que ella “no aceptó”.