Los primeros pasos del nuevo ministro

La agenda de Soria en un escenario judicial en el que jueces y fiscales huelen un "intento de disciplinamiento"

El titular de Justicia cruzó al procurador interino apenas asumió. Un nuevo capítulo de los embates entre Poder Judicial y Gobierno. Las "visitas" a Macri.
por Rosario Bigozzi | 04 de abr de 2021 - 00:05
El momento en el que el presidente Alberto Fernández le toma juramento al nuevo ministro de Justicia Martín Soria (Presidencia)

El momento en el que el presidente Alberto Fernández le toma juramento al nuevo ministro de Justicia Martín Soria (Presidencia)

Para los jueces y fiscales del fuero federal, la llegada del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, ratifica la intención del gobierno de ir por un camino más confrontativo para conseguir la reforma del sistema judicial. Se suma a la contienda, la diligencia que inició el diputado nacional Rodolfo Tailhade para obtener las declaraciones juradas patrimoniales de varios fiscales que atendieron causas de corrupción. La mayoría interpreta este escenario como un “intento de disciplinamiento” y algunos vaticinan que recién empieza.

Desde el entorno del flamante ministro, describen a Soria como un cuadro político que asumió para construir consensos, y sacar adelante los proyectos que obtuvieron media sanción en el Senado y que ahora se encuentran trabados en la Cámara Baja.

Se trata de la propuesta de unificar el fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico -bajo la denominación de fuero Penal Federal-, la creación de nuevos tribunales y la implementación en un plazo de dos años del nuevo sistema acusatorio.

La otra iniciativa es la modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal (MPF), que reduce de dos tercios a mayoría absoluta, la cantidad de miembros del Senado necesarios para nombrar al Procurador, y limita el mandato a 5 años, cuando actualmente es vitalicio. Por ahora, no cuentan con los apoyos necesarios, aunque el ministro de justicia hizo saber que tiene la voluntad de dialogar para lograr acuerdos y convertirlos en ley.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) pidió una reunión con Martín Soria, con el propósito de participar con su opinión en el debate de la reforma que impulsa el gobierno. Sin embargo, esa no es su única preocupación.

En su carpeta guardan las demandas contra la reforma del sistema previsional que rige desde el año pasado, y ahora contra la ANSES por la intimación para que renuncien o desistan del trámite jubilatorio más de 200 jueces, fiscales y defensores oficiales que tenían la jubilación otorgada. Además, quieren insistir en la urgencia de nombrar jueces nacionales y federales, para cubrir casi un 30 por ciento de cargos vacantes.

Los magistrados coinciden con el nuevo ministro Soria en que la justicia atraviesa una crisis de legitimidad, pero se defienden afirmando que más allá de “una minoría que ha hecho mucho daño”, el peor desgaste lo ejercen desde afuera del poder judicial.

Así mencionan el caso de Rodolfo Tailhade, el diputado oficialista que integra la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, que el miércoles pasado presentó los formularios para que le entreguen la declaración patrimonial del 2016, 2017, 2018 y 2019, de 16 fiscales federales: Carlos Stornelli, Eduardo Taiano, Alejandra Mangano, Guillermo Marijuan, Gerardo Pollicita, Carlos Rívolo, Ramiro González, Ignacio Mahiques, Raúl Plee, Abel Córdoba, José María Campagnoli, Mario Villar, José María Pettigiani, Juan Manuel Casanova, Juan Manuel Olima Espel y el Procurador interino Eduardo Casal.

Con un comunicado, la AMFJN consideró el trámite como “un nuevo e infundado ataque contra la independencia del poder judicial ”, “una campaña de desprestigio” que también “ataca” al procurador interino.

Ante estas declaraciones, el diputado Tailhade, le dijo a A24.com que aquellos que reaccionan “tienen el culo muy sucio para ponerse tan nerviosos”. No obstante, prefirió no explicar aún para qué pidió la información sobre los bienes de los fiscales, y anticipó que necesita verificar cuál es la capacidad de ahorro de los funcionarios para cotejar con otros datos.

Buenos Aires: El diputado Luis Rodolfo Tailhade participa del debate de la Comisión Penal, sobre la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos entre otros temas. Foto: Fanton osvaldo/Télam/aa 20032018
Rodolfo Tailhade, el diputado oficialista que integra la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, el miércoles pasado presentó los formularios para que le entreguen la declaración patrimonial del 2016, 2017, 2018 y 2019, de 16 fiscales federales.

Rodolfo Tailhade, el diputado oficialista que integra la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, el miércoles pasado presentó los formularios para que le entreguen la declaración patrimonial del 2016, 2017, 2018 y 2019, de 16 fiscales federales.

Los fiscales aludidos y el resto de sus colegas no se mostraron preocupados por la consulta de su capital personal, porque las declaraciones juradas son públicas. Pese a ello, algunos opinaron que es poco habitual una solicitud que incluya a la mayoría de los funcionarios del Ministerio Público que acusaron o podrían acusar por corrupción, y la calificaron como “una excursión de pesca”.

Como sea, para los jueces y fiscales consultados por A24.com las acciones de Rodolfo Tailhade y de Martín Soria “son parte de un juego de descrédito que llegó para quedarse”.

La carrera por la Procuración

El Procurador interino Eduardo Casal quedó en el centro de la controversia, acusado por el ministro Martín Soria de “estar atornillado” en su sillón, incluido en la lista de los fiscales investigados por el diputado Tailhade, y rechazando la intimación del ANSES para que responda si se jubila o le dan de baja a su trámite de retiro.

El año pasado en el Congreso presentaron diversos pedidos de juicio político contra el procurador general interino que apuntaban a la presunta inacción disciplinaria de Casal contra el fiscal federal Carlos Stornelli procesado en una causa por espionaje ilegal; el desplazamiento del fiscal federal Juan Pedro Zoni, quien tenía a cargo la causa del Correo contra la familia Macri; y el supuesto hostigamiento hacia la fiscal Gabriela Boquín, quien tramita el caso del Correo en el fuero Comercial.

Lo cierto es que más allá de las imputaciones que puedan hacerle, para reemplazar a Casal en la Procuración alcanzaría con aprobar en el Senado el pliego del candidato que postule el poder ejecutivo.

Eduardo Casal ocupa provisoriamente el cargo de jefe de los fiscales desde hace un tiempo récord de más de tres años. Asumió cuando Alejandra Gils Carbó abandonó su puesto en Noviembre del 2017, en cumplimiento de la Ley Orgánica vigente que establece que a falta de designación, intervendrá el fiscal coordinador de distrito que tenga más antigüedad en esa posición.

Desde entonces, ningún presidente logró acuerdos para sus candidatos. Mauricio Macri propuso a la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg de Roca, pero no alcanzó el respaldo en la Cámara Alta. Cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada retiró el pliego de Weinberg y postuló al juez federal Daniel Rafecas, aunque su candidatura aún no fue tratada.

Eduardo Casal horiz
El Procurador interino Eduardo Casal quedó en el centro de la controversia, acusado por el ministro Martín Soria de “estar atornillado” en su sillón.

El Procurador interino Eduardo Casal quedó en el centro de la controversia, acusado por el ministro Martín Soria de “estar atornillado” en su sillón.

El ministro Martín Soria tiene la orden del primer mandatario de trabajar en conseguir consenso para reformar la ley que define cómo se elige al Procurador general.

Con la norma actual debe obtener el apoyo de los dos tercios de los votos del Senado, y el proyecto con media sanción que fue a Diputados, lo lleva a la mitad más uno. La mayoría absoluta está garantizada para el oficialismo en la Cámara Alta, por lo que lograr esa reforma habilitaría las chances de obtener el respaldo que convierta a Rafecas o a cualquier otro en el jefe de los fiscales.

Mientras tanto, el gobierno intenta avanzar con la aplicación del sistema acusatorio, que le da mayor relevancia al Ministerio Público Fiscal en la instrucción de las causas penales. Sin acompañamiento en el Congreso para elegir al responsable de coordinar este cambio, pone el eje en reemplazar al suplente por otro que se ajuste a su proyecto. En el ministerio de Justicia explican que buscan resolver con “institucionalidad, una situación atravesada por opacidades”.

Por su parte, Eduardo Casal, de 63 años y con la jubilación acordada, hizo saber que precisamente se queda en su cargo “para cumplir con la institucionalidad”.

Según fuentes allegadas al Procurador interino, su situación no se inscribe en la usurpación de un lugar, sino que cubre la vacante hasta que se cumpla con el proceso de selección del nuevo procurador. Se describe como un hombre “típico” de la carrera judicial, independiente, que en cuanto se nombre a un nuevo titular del MPF, se quedará trabajando como procurador fiscal ante la Corte.

Visitas judiciales a Macri en Olivos

El panorama hostil que se traza entre algunos integrantes del poder judicial y representantes del gobierno nacional, tiene otro capítulo en las revelaciones sobre las visitas de jueces y fiscales claves de Comodoro Py a la Casa Rosada y la Residencia de Olivos, durante la gestión de Mauricio Macri.

Según los registros de la Casa Militar, publicados en el sitio El Destape, los jueces de Casación Federal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y el fiscal de la Cámara Raúl Plee, visitaron la quinta en varias oportunidades.

En el caso de Hornos ya fue denunciado en Tribunales y en el Consejo de la Magistratura por visitar 6 veces la casa de gobierno.

Ninguno de los funcionarios judiciales mencionados negó estos encuentros, aunque lo atribuyeron a reuniones sociales, deportivas o relacionadas con la elaboración del proyecto de reforma del Código Penal.

En este sentido, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, anticipó que el organismo le "pedirá explicaciones" sobre estos episodios a los magistrados. Advirtió que cualquier irregularidad que se compruebe en las resoluciones dictadas por los jueces cuestionados, que pueda vincularse a sus visitas reiteradas a la sedes del poder ejecutivo, podrían derivar en planteos de nulidad.