Justicia

La Procuración General de la Nación sostiene que es inconstitucional el decreto que suspendió las clases presenciales

Eduardo Casal consideró que la medida firmada por Alberto Fernández viola la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
29 de abril de 2021 - 17:22
Eduardo Casal

Eduardo Casal, procurador general de la Nación.

La Procuración General de la Nación le respondió a la Corte Suprema de Justicia que es inconstitucional el DNU 241/21 que suspendió las clases presenciales hasta el 30 de abril en el AMBA.

El máximo tribunal le había solicitado al organismo que conduce Eduardo Casal que se expidiera de manera no vinculante al respecto del conflicto entre Nación y Ciudad por la modalidad de las clases.

Según indicó el periodista Mariano Obarrio en A24, Casal determinó que el decreto viola la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

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En un dictamen de 49 páginas, Casal afirmó que "los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan a fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles".

"No ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región", agregó.

Casal tampoco consideró válido "el motivo referido al acrecentamiento de la utilización del transporte público de pasajeros, pues la norma no discierne entre la situación imperante en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires".

En ese sentido, indicó que "una decisión restrictiva de derechos como la adoptada requería un estudio pormenorizado en el que se analizara si, con el fin de disminuir el uso del transporte público de pasajeros, la suspensión de la presencialidad era necesaria en todo el AMBA o en algunas zonas determinadas de este aglomerado".

"Aun cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no lo es menos que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto", dijo.

Por lo tanto, definió que "no es posible que fuera necesaria la adopción de medidas inmediatas que tengan por efecto suspender la concurrencia a los diferentes establecimientos educativos ubicados en el AMBA, pues no se ha demostrado el riesgo existente en ese sector ni cómo, en su caso, eso podría comprometer el interés general".

Este dictamen de Casal es una opinión y no es vinculante para la Corte, que se espera emita su fallo en las próximas horas.

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