A partir de la tormenta financiera de las últimas semanas, la discusión de la agenda pública se concentró en las negociaciones con el FMI y, en particular, con la cuestión de los condicionamientos de un posible acuerdo. El frenesí dejó a un costado un tema que es crucial en dichas negociaciones: la corrupción, que afecta como pocas cosas a la seguridad jurídica, un valor siempre observado por el organismo; sobre todo porque la corrupción atraviesa a los tres poderes del estado. Algunos indicadores surgen de solo mirar con cierta atención los tribunales.

Las causas por delitos de corrupción están en una meseta. El más paradigmático es el de Odebrecht. El juez Sebastián Casanello procesó a funcionarios públicos porque defraudaron a AYSA.

Aunque la decisión está conectada con Odebrecht, no tiene un vínculo directo. El juez Marcelo Martínez de Giorgi se limitó a llamar a indagatoria a 49 imputados y, aunque parezca una decisión trascendente, es un acto inicial del proceso penal que permite a los acusados defenderse. El juez Daniel Rafecas procesó a funcionarios, pero no por las prácticas de Odebrecht, sino también por una defraudación contra el Estado argentino.

De los sobornos que Odebrecht confesó haber pagado el 26 de diciembre de 2016 en Estados Unidos, no se sabe nada. La excepción es la presentación que por estas horas hizo el fiscal Federico Delgado al juez Casanello, porque es la primera vez que se puso de manifiesto cómo circuló dinero desde Brasil a través de las cuentas de la empresa uruguaya Sabrimol, manejada por Jorge Rodríguez, y que fue a parar a los bolsillos de Julio De Vido y el célebre José López junto a otros funcionarios del área de Planificación.

Con los tribunales orales pasa algo similar que en la primera instancia. Los juicios conocidos como “Once II”, “Ciccone”, “Picolotti”, “López”, “Milani”, “Chatarra Ferroviaria”, “Qunita”, “IBM DGI”, “Báez” y “Grupo Austral”, están lejos de una sentencia que defina si hubo o no corrupción.

Poca rendición de cuentas

Lo mismo sucede con el trámite de los procesos iniciados a los magistrados que dejaron sus funciones.

La denuncia contra Eduardo Farah y Jorge Ballestero en Comodoro Py aún no tiene impulso fiscal. Fue presentada por un abogado, Adrián Bastianes, apenas salió el fallo que liberó a Cristóbal López.

Dos fiscales se excusaron de intervenir. Actualmente, la tercera fiscal, Alejandra Mangano, pidió medidas previas al Consejo de la Magistratura para que tener detalles de qué denuncias se tramitan allí. En el Consejo de la Magistratura ya no se investiga a Ballestero desde que se oficializó su renuncia. Y la denuncia contra Farah presentada por Carrió no ha presentado avances significativos.

Al ex juez Norberto Oyarbide lo investigan el juez federal Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello por enriquecimiento ilícito. Semanas atrás, hicieron allanamientos y ahora analizan informes de la UIF que comprometen al ex magistrado. Aún no hubo llamados a indagatoria.

La causa del ex juez Eduardo Freiler se encuentra en la Cámara Federal a la espera de esclarecer hasta dónde se pueden investigar sus bienes. Se había abierto una causa que se cerró con un sobreseimiento, pero una presentación del denunciante Ricardo Monner Sans pidió la reapertura por "cosa juzgada irrita". Ante la aparición de nuevos bienes reportados por la prensa, se amplió la investigación. Ello fue cuestionado en la Cámara Federal que ahora deberá definir el alcance de la pesquisa.

Estas causas están formalmente abiertas, pero lo cierto es que languidecen y se pierden en la inefable lógica del expediente judicial. Mucho papel y poca verdad.

Vacantes

Los vaivenes del concurso para cubrir una vacante en la Cámara Nacional Electoral constituyen una muestra que condensa todas las respuestas que permiten comprender por qué la justicia está como está. Las facciones en las que se agrupa la dirigencia política pujan a cara descubierta con cualquier tipo de artes para influir sobre la voluntad del presidente y “poner su candidato”.

El Consejo de la Magistratura elevó al Poder Ejecutivo la terna integrada por Alejandra Lázzaro, Rául Bejas y Hernán Hernán Gonçalves Figueiredo. Pero según cuenta en A24com el periodista Pablo Winokur, el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, intercedió personalmente ante Macri para que enviara al Senado el pliego de Lázzaro. Las presiones no quedaron ahí: otros operadores radicales habrían trabajado para que Macri eleve el pliego de Lázzaro incluyendo a los jefes de bloque del Congreso Mario Negri y Ángel Rozas.

Lo que queda de estos movimientos en claro es cómo las vacantes se reparten entre las facciones políticas de acuerdo al peso específico que tiene cada una de ellas. Todo demasiado lejos de cualquier decisión anclada, exclusivamente, en mejorar la justicia.

Se investiga a Odebrecht, pero no se avanza sobre los sobornos. Algunos jueces dejan el cargo bajo sospecha de corrupción, pero la vocación estatal de conocer la verdad queda trabada en el eufemismo de “la causa en trámite”. Se eligen nuevos jueces para tribunales clave mediante un concurso, pero ello no impide que se intente manipular el resultado para repartir los cargos en la justicia.  Un desempeño institucional con estas características constituye un indicador de los problemas que existen en nuestro país para respetar las leyes que el propio Estado sanciona. El resultado está a la vista: expresa el divorcio entre la sociedad civil y la estructura institucional.