Narcotráfico, corrupción e inseguridad: detalles del borrador que analizará el Congreso para reformar el Código Penal
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Narcotráfico, corrupción e inseguridad: detalles del borrador que analizará el Congreso para reformar el Código Penal

El nuevo Código Penal ya está en marcha: en junio llegará al Congreso para reformar delitos claves, incluir otros, dar más intervención en las causas a las víctimas y crear estándares más claros a la hora de dictar penas.

Narcotráfico, inseguridad y corrupción se mezclarán con nuevos escenarios, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el castigo a los delitos viales y ambientales y la persecución al terrorismo y su financiamiento.

En momentos en donde la sociedad reclama respuestas de la Justicia y soluciones al problema del delito, el Gobierno y el Congreso pulsearán por la biblia legal que fija los limites y parámetros para castigar el delito. ¿Será esta una nueva pulseada entre oficialismo y oposición?

El lunes, el presidente Mauricio Macri tuvo una reunión con los ministros de Justicia, Germán Garavano; y de Seguridad, Patricia Bullrich,  y los integrantes de la Comisión de Reforma del Código Penal, encabezados por el camarista Mariano Borinsky, quienes le dieron detalles del borrador de las reformas del Código que analizará en junio el Congreso. 

Estos son algunos de los puntos más importantes o novedosos que analizarán los legisladores:

  • NARCOTRÁFICO. Se incorporan los delitos de narcotráfico y tráfico de estupefacientes y se aumentan las escalas penales: de 4 a 15 años de prisión para quienes siembren, cultiven o guarden plantas o semillas aptas para la producción de estupefacientes y de 5 a 20 años de prisión para los eslabones más peligrosos de la cadena del narcotráfico con la fabricación, producción y la comercialización. Si se trata de una organización criminal, los jefes pueden recibir hasta 25 años.
  • CORRUPCIÓN. La justicia argentina podrá intervenir en casos de corrupción ocurrida en otros países. Se prevé un aumento sustancial de las escalas penales respecto de los delitos de corrupción, en especial, de los delitos de cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional, enriquecimiento ilícito, con escalas penales que van de 4 a 12 años de prisión. Así, las penas sólo podrán ser de cumplimiento efectivo.
  • ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. Actualmente el delito es solo para funcionario públicos. Se busca ampliar hacia los que tienen que presentar declaraciones juradas, por ejemplo, los sindicalistas.
  • LAVADO DE ACTIVOS. La pena es de 3 a 10 años, pero si hay involucrado un funcionario público se puede elevar hasta 13 años.
  • INSEGURIDAD.  Se mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y para los condenados por delitos dolosos cometidos con violencia que hayan conllevado para la víctima graves daños físicos o mentales o la muerte. Las penas pueden llegar a 35 años de prisión o en caso de múltiple reincidencia 40 años.
  • CONTROL. Se incorpora la posibilidad de hacer un seguimiento socio-judicial a un liberado, como una medida de seguridad posterior al cumplimiento de la pena.
  • ARREPENTIDOS. Se mantiene la figura del colaborador eficaz (o arrepentido) para los delitos de narcotráfico, delitos aduaneros, terrorismo, corrupción de menores, privaciones ilegales de la libertad agravadas, trata de personas, soborno trasnacional, asociación ilícita, y delitos de corrupción cuando durante la sustanciación del proceso del que la persona sea parte brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles y se amplía para aquellos delitos cuya pena máxima sea igual o superior a 15 años de prisión, cuando el tribunal considere que por la complejidad de los hechos o de la investigación, resulta necesario aplicar esta técnica de investigación.
  • VIOLENCIA DE GÉNERO. Se prevé la intervención de la víctima en los procesos de suspensión del juicio a prueba (probation).
  • OCULTAMIENTO DE BIENES. Se incorpora el delito de ocultamiento patrimonial fraudulento para los cónyuges que oculten bienes al otro con motivo de la separación, con pena de hasta 4 años de prisión.