Casi ningún argentino reclama protección judicial para reparar ofensas a su honor. Los abusos en el fútbol son un ejemplo de lo fácil que es que cualquiera - incluso procesados por delitos graves-  se siente en un estudio de televisión o frente a su computadora y arruine en minutos la trayectoria y el buen nombre de la ocasional víctima.

Hay vías civiles para aspectos económicos y penales sancionadas con prisión. Sin embargo, no se conocen demasiadas sentencias de esa naturaleza. En este país se naturalizó que lastimar el honor de terceros carece de consecuencias legales. Esto podría tener varias explicaciones.

Me detengo en dos que están relacionadas. Las acciones tiene que iniciarlas siempre el ofendido. Y además del costo que eso implica, la imagen y credibilidad social de la Justicia tampoco ayuda. Un juicio civil dura alrededor de diez años y en materia penal existe un “manual” no escrito mediante el que los abogados prolongan indefinidamente estos juicios - con la tolerancia de los jueces-.

Esta última máquina trituradora del honor - a propósito del caso Natacha Jaitt- demuestra que su protección, además de la vía judicial, es un desafío colectivo en dos sentidos.

En primer lugar porque las lesiones al honor cuentan con la complicidad estructural de la indiferencia social. En segundo término, porque los ciudadanos huyen del deber de hacerse cargo de lo que dicen. De hecho, Natacha Jaitt huyó de los tribunales en el preciso momento en que la justicia pidió su testimonio.

Los argentinos solemos hablar del otro sin conocerlo y sin ponernos en su lugar. También disfrutamos y hacemos alegorías del conventillo. Todo sin ningún costo. El límite real es el egoísmo: solo reaccionamos cuando el honor en juego es el nuestro.

¿Cuán berretas somos los argentinos?