Causas en plena pandemia

Qué pasó con las denuncias por privatización de vacunas, pacientes VIP y pérdidas de dosis

Hay en Comodoro Py, pero también en juzgados de provincias como Buenos Aires, Salta, Chubut y Corrientes. La que apunta a Rodríguez Larreta ¿en qué estado está?
por Rosario Bigozzi | 27 de mar de 2021 - 23:49
Alberto Fernández

Alberto Fernández, Axel Kicillof y Verónica Magario el lunes cuando la provincia de Buenos Aires llegó al millón de vacunados. En el distrito bonaerense también hay causas por pérdidas y hasta un posible sabotaje que impactó en las vacunas. (Foto: Presidencia)

Las causas judiciales que surgieron de los escándalos por robo, descuido o aplicaciones indebidas de las vacunas contra el Covid19 aún no tienen procesados. Las denuncias continúan recorriendo la etapa de investigaciones previas para determinar si existe o no delito, tipificar el hecho, y finalmente definir quiénes son los presuntos responsables.

La indignación que tan sólo las sospechas produjeron en la opinión pública, tuvieron como consecuencia inmediata renuncias, escraches o ajustes de medidas de control en el Plan de Vacunación. Sin embargo, en la justicia se juegan otros plazos.

En los tribunales de Comodoro Py, y en otras jurisdicciones, explican que los tiempos de estas causas quedaron trazados por trámites como la ratificación que debieron hacer los denunciantes, la unificación de numerosos planteos similares para que queden radicadas en un mismo tribunal, la discusión que en algunos casos no se resuelve aún acerca de si corresponde tratar el expediente en el fuero ordinario o el federal, la obtención de la documentación y las demoras en el reparto de turnos para que los peritos se ocupen de analizar la prueba, la coordinación de audiencias con testigos, y finalmente la misma pandemia que requiere el cumplimiento de protocolos sanitarios. Excusas o no, la inquietud por conocer el rumbo de estos casos también alcanza a muchos de los involucrados.

En las últimas semanas se advirtió cómo los abogados de los denunciados recorrían las mesas de entrada o despachos de los tribunales, intentando averiguar los avances de la pesquisa.

Varios de los representantes legales de los funcionarios o exfuncionarios, médicos, sindicalistas, periodistas, referentes de organizaciones sociales o militantes políticos apuntados, se acercaron para ponerse a disposición de la justicia, pedir el acceso al expediente o aportar información que consideran relevante para evitar que sus clientes queden incriminados.

Qué pasa en Comodoro Py

En el ámbito de los juzgados federales de Retiro se destacan los casos que investigan la presunta vacunación VIP en el Ministerio de Salud de la Nación, y la denuncia por la “privatización” del plan de inmunización de la ciudad.

En el resto del país sobresalen otras causas en Salta, Chubut, Corrientes; y en la provincia de Buenos Aires: en San Nicolás, Olavarría y Florencia Varela. Todas se encuentran en estado de medidas preliminares.

El fiscal federal Eduardo Taiano tiene a cargo el expediente que analiza si se alteró el orden prioritario para la vacunación, aplicando dosis destinadas al Hospital Posadas en una oficina de la cartera sanitaria.

Con el aval de la jueza federal María Eugenia Capuchetti se recolectó documentación en el ministerio y en el centro de salud y dieron su testimonio funcionarios y personal vinculado al operativo “especial”.

Alberto Maceira, director del Hospital Posadas
Alberto Maceira, director del Hospital Posadas, uno de los que declaró en la causa por vacunas VIP aplicadas en ese lugar y en el Ministerio de Salud.

Alberto Maceira, director del Hospital Posadas, uno de los que declaró en la causa por vacunas VIP aplicadas en ese lugar y en el Ministerio de Salud.

Incluso declaró la filósofa Beatriz Sarlo, por haber dicho públicamente que recibió propuestas para vacunarse “por debajo de la mesa”, con todo el alboroto que generó después al revelar que esa invitación se la había enviado, por un intermediario de la editorial, la esposa del gobernador Axel Kicillof, Soledad Quereillac.

Ahora la fiscalía propuso examinar los teléfonos y cruces de llamadas telefónicas de los principales involucrados: Ginés González García, Lisandro Bonelli, Alejandro Collia, Marcelo Guillé y Alejandro Costa, actual subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Calidad en Salud.

La habilitación de este requerimiento es probable que se defina esta semana cuando empiecen a llegar al tribunal los primeros resultados de las pericias.

Qué pasa en la causa contra el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires también está en la mira de la justicia. El juez federal Ariel Lijo tiene en sus manos la denuncias contra Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós, por los convenios con entidades privadas para delegar la aplicación de vacunas de sus asociados.

Horacio Rodríguez Larreta.jpeg
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires también está en la mira de la justicia. Acusan a Rodríguez Larreta por hacer acuerdos con privados para dar las vacunas. (Foto: GCBA)

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires también está en la mira de la justicia. Acusan a Rodríguez Larreta por hacer acuerdos con privados para dar las vacunas. (Foto: GCBA)

Con el fiscal Carlos Stornelli reclamaron al Ministerio de Salud porteño las copias de los convenios cuestionados, toda la información relativa a los lotes de vacunas que recibió la ciudad, la lista de los vacunatorios habilitados y quiénes recibieron las dosis aplicadas hasta el momento.

Qué pasa en el Salta y otras provincias

En Salta, todavía se debate si la justicia federal o la provincial se hace cargo de una causa por presuntas irregularidades en el proceso de vacunación de funcionarios, entre los que figuraban integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Desde el gobierno de esa provincia admiten que hubo excepciones en el cronograma estipulado, justificando que se trató de personal estratégico.

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, desaparecieron 30 dosis de Sputnik V y ahora investigan si fue un robo o si se destinaron para vacunar a 30 integrantes del gremio de camioneros. La justicia imputó a la cúpula del gremio e inició una ronda de indagatorias.

En Corrientes, se registró un episodio muy resonante, cuando el accidente de tránsito del ministro de salud provincial, Ricardo Cardozo, develó que en su camioneta trasladaba vacunas contra el coronavirus hacia la ciudad de Goya.

Aunque las 900 dosis llegaron en perfectas condiciones a destino, no pudo evitar la denuncia de los legisladores del Frente de todos. Por este caso, requirieron informes sobre los protocolos para el almacenamiento, distribución, traslado y entrega de las vacunas del Plan Estratégico para la Vacunación contra el COVID-19 en la República Argentina.

En Olavarría, se produjo en enero, el primero de los escándalos de la saga de las vacunas de la provincia de Buenos Aires. Se perdieron 400 dosis en una heladera apagada del hospital local Luciano Fortabat.

La denuncia en el inicio se radicó en un juzgado provincial bajo la carátula “alteración peligrosa de medicinas”, pero luego se interpuso un planteo para trasladar el expediente a la justicia federal requiriendo que se investigue la posible alteración del plan estratégico de vacunación nacional. Tras varias idas y vueltas ahora se encuentra en la Cámara federal de Mar del Plata esperando su resolución.

Mientras tanto, la justicia recibió informes que se contradicen. Uno afirma que el freezer no funcionaba, y otro asegura que estaba en perfecto estado. Ahora aguardan más peritajes que aporten una tercera opinión, y de paso que revelen si hubo alguna alteración de las cámaras de seguridad.

En los pagos del ex ministro González García, San Nicolás, también arrancó una pesquisa en el Hospital San Felipe a raíz de un sorpresivo corte energía que apagó las máquinas donde se guardaban las dosis de Sputnik. Aunque las vacunas no fueron dañadas, hay sospechas de sabotaje. Además, está pendiente una investigación ante la presunción de que allí habría funcionado un sistema de "vacunación VIP".

El hospital de alta complejidad de Florencio Varela ingresó en la lista de las sospechas por presunta comisión de delito. Se confirmó que en ese lugar se aplicaron vacunas los jueces de la Suprema Corte bonaerense Luis Esteban Genoud (74) y de la ministra Hilda Kogan (76), cuando aún no estaba habilitado.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ocupa un rol fundamental en el avance de estas causas. Lo hizo notar cuando surgió el bullicio por el presunto vacunatorio VIP.

El titular de la PIA, Sergio Rodríguez, ordenó la apertura de un sumario administrativo en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, para actuar como parte acusadora. Se puso a trabajar ante la hipótesis “de la existencia de una reserva de 3000 vacunas para ser aplicadas a funcionarios, familiares de funcionarios, celebridades o personalidades destacadas de la vida política, sindical o pública del país, apartándose así de los Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19”.

Advirtió que ante la posibilidad de que existiera un vacunatorio paralelo que altere la prioridad establecida para los grupos de riesgo, se imponía “la apertura de una investigación ágil y desformalizada que permita esclarecer los hechos”.

Ginés González García, ministro de Salud. (Foto: NA)
El ex ministro de Salud, Ginés González García. Tuvo que renunciar tras revelarse los casos de personas privilegiadas que pasaron por el supuesto vacunatorio VIP montado en la cartera sanitaria y en el Hospital Posadas.

El ex ministro de Salud, Ginés González García. Tuvo que renunciar tras revelarse los casos de personas privilegiadas que pasaron por el supuesto vacunatorio VIP montado en la cartera sanitaria y en el Hospital Posadas.

El presidente Alberto Fernández dijo en su momento que “no hay una tipificación penal que diga ‘será castigado por adelantarse en la fila”, y con eso contribuyó a una polémica que deberá resolverse en los tribunales.

Las causas relacionadas con los presuntos vacunatorios VIP se prestan al debate sobre cuál debería ser el delito para indagar.

Los expertos opinan que el hecho podría investigarse como incumplimiento de los deberes de funcionario público, o tal vez como negociaciones incompatibles con la función pública.

Otros indican que lo que se violó es el artículo 205 del Código Penal que sanciona a quien impidan introducir medidas para evitar la propagación de una epidemia.

Como sea, todos estos tipos penales reemplazarían una tipificación que no parece estar contemplada expresamente por la legislación vigente.

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