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Lesa humanidad: un represor se quedó sin jueces que resuelvan su pedido de prisión domiciliaria

Lesa humanidad: un represor se quedó sin jueces que resuelvan su pedido de prisión domiciliaria
Horacio Rafael Domato

Un represor de la última dictadura, beneficiado por un fallo que consideró que no integró una asociación ilícita amparada por el régimen que sojuzgó a la Argentina entre 1976 y 1983, se quedó sin jueces que resuelvan un pedido de prisión domiciliaria y otro de reducción de la pena.

La insólita situación afecta al ex comandante de Gendarmería Nacional Horacio Rafael Domato, condenado por 25 casos de privación ilegal de la libertad, 24 de tormentos agravados y cuatro de torturas seguida de muerte.

En junio pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas por esos hechos.

Pero los camaristas Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques lo absolvieron por el delito de “asociación ilícita”, porque entendieron que en su caso no formó parte de una organización de esas características.

Beneficiado por esa controvertida decisión, Domato le pidió al tribunal oral federal de Formosa, que lo había condenado, la prisión domiciliaria y la revisión de la pena ante la absolución por “asociación ilícita”.

Pero desde hace un mes espera que el tribunal se conforme para resolver sus pedidos, ya que actualmente no tiene jueces habilitados para entender en su caso.

Por tratarse de delitos de lesa humanidad, una serie de excusaciones y recusaciones, más una decisión de la Corte Suprema sobre subrogancias, causó que el expediente esté virtualmente acéfalo.

El juicio oral fue realizado por tres jueces de Buenos Aires, que fueron apartados por una disposición de la Corte. Y como del expediente principal se derivaron otros con nuevos imputados por lesa humanidad, los jueces de los tribunales vecinos (de otras provincias) no pueden intervenir.

Actualmente, el tribunal está integrado por los jueces misioneros Alberto Moreira (ya se inhibió) y Norma Lampugnani de Arce (está en proceso de inhibición) y la correntina Lucrecia Rojas de Badaró (también en camino a la inhibición).

Domato ya fue sometido a un examen médico previo a resolver su pedido de prisión domiciliaria y presentó una “queja” por retardo de justicia en resolver su situación de condena.

Pero ningún juez está en condiciones de resolver sus planteos.

El fallo de la Cámara de Casación había determinado que “las pruebas recolectadas en la investigación no se muestran suficientes para sostener que Domato haya tomado parte, con conocimiento y voluntad, de una asociación, mediante acuerdo o pacto con sus componentes, con el propósito colectivo de cometer delitos en forma indeterminada”.

“En el caso, amén del contexto histórico en que se desarrollaron los ilícitos aquí investigados y condenados, la resolución en crisis no brinda ni desarrolla los elementos que demuestren que el imputado haya actuado en calidad de miembro de una asociación ilícita conforme las exigencias del tipo penal indicadas”.

Sobre la base de ese fallo, Domato pidió una nueva evaluación de su condena. En diciembre de 2016 el Tribunal Oral Federal de Formosa lo condenó a 25 años de prisión, el máximo de la pena posible para los tipos de delitos cometidos, según el Código Penal vigente cuando se produjeron los hechos.

El condenado actuó en el Regimiento de Infantería de Monte 29, atacado en octubre de 1975 por Montoneros, en lo que se denominó “Operación Primicia”. Ya en dictadura fue utilizado -y considerado por la Justicia- como Centro Clandestino de Detención (CCD).

María Eugenia Di Laudo, defensora oficial de Domato, refutó que el ex gendarme hubiera participado a conciencia de una organización ilícita: “siempre actuó a cara descubierta, siempre se identificó como miembro de la Gendarmería Nacional, siempre firmó las declaraciones que tomó, con nombre, apellido, cargo y convencimiento de que actuaba conforme a derecho y lo hacía no en un centro clandestino de detención, ya que para que sea clandestino debía ser secreto y el RIM 29 no lo era”.

Domato “no era consciente de la existencia del plan de represión ilegal instaurado en la época, con lo cual no se le puede atribuir ningún tipo de dolo de lesa humanidad. La asociación ilícita sólo debe recaer sobre la conducta de quienes pergeñaron el plan sistemático”.

La Casación coincidió con esa postura.

En agosto pasado, el máximo tribunal penal rechazó un recurso de la fiscalía para llegar hasta la Corte porque el fallo que eliminó la “asociación ilícita” de la condena fue “una derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias de la causa”.

“Esta Sala ha explicado de manera razonada y coherente los motivos por los cuales se absolvió a Horacio Rafael Domato únicamente por el delito de asociación ilícita; motivo por el cual, el mero criterio discrepante de la parte sobre el particular, no implica el debido planteamiento de una cuestión federal suficiente que amerite la intervención del Alto Tribunal”.

Domato formuló entonces un planteo de fondo sobre su condena y luego hizo una presentación por las demoras en resolver su pedido.

La Casación, otra vez, le dio la razón: “el trámite está cumplido, razón por la cual la demora no se justifica. Por consiguiente, y con la urgencia del caso, se hace saber que la incidencia en cuestión deberá ser resuelta sin más dilaciones”.

por Néstor Espósito
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