Puja de poderes

¿Cómo sigue la guerra judicial por las clases presenciales?

Un fallo porteño habilitó la apertura de las escuelas. El Gobierno nacional apela. La Corte también juega
por Pablo Winokur | 19 de abril de 2021 - 11:54
Los Tribunales de Justicia en alerta.

Los Tribunales de Justicia en alerta.

“Esto no es la judicialización de la política sino la guerra”. La frase, la pronuncia en reserva uno de los abogados constitucionalistas más importantes del país, que suele estar por fuera de la grieta.

El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires generó una bomba en todo el sistema político, no solo por sus consecuencia prácticas (el inicio o no de las clases) sino porque se metió de lleno en el debate sobre la autonomía porteña.

Mirada Nacional

La crítica al fallo es que los jueces de la Ciudad solo pueden entender en normas dictadas por la Ciudad de Buenos Aires: leyes de la Legislatura o decretos del Jefe de Gobierno.

En este caso, el fallo de la Cámara de apelaciones porteña está afectando un Decreto de Necesidad y Urgencia, y no podrían entender en una norma nacional. Si la norma es nacional, la que tiene que entender es la Justicia Contenciosa Federal, que es la que entiende en juicios contra el Estado no penales.

Así lo explica en lenguaje llano Natalia Volosin, Doctora en Derecho: “la Procuración del Tesoro va al contencioso administrativo federal a dar vuelta el fallo de hoy. SPOILER: más allá del fondo del asunto (DNU constitucional o no, avance sobre potestades locales o no, etc.), debería ganar fácilmente”. La pregunta es en qué tiempos. ¿Se suspenderán otra vez las clases presenciales el martes o el miércoles?

Otros problemas que advierten sobre el fallo de la Justicia porteña es que se suspendió una norma dictada por el Presidente pero no se notificó al Estado federal argentino.

Por otro lado, fuentes judiciales advierten sobre la imparcialidad de dos juezas de la Cámara a las que califican como “amarillas”: una es Nieves Machiavelli, hermana del titular del secretario general del PRO porteño y ministro de Espacio Público, Alejandro Machiavelli; la otra es Laura Alejandra Perugini. “Hicieron el concurso para acceder al cargo por Zoom”, dicen en los pasillos de los tribunales.

Mirada porteña

Asesores jurídicos vinculados al gobierno porteño dicen que más allá de la cuestión de fondo, Larreta no se podía oponer a esta declaración de autonomía a la que lo obliga la Justicia local.

"El Gobierno nacional se metió con la autonomía de la Ciudad. No solamente en esto, sino que incluso dijo que no tenía derecho a reclamar ante la Corte. Buscan sacarle el status de provincia y homologarlo en una zona común con el AMBA que gobierna otro sector político", explicaron juristas vinculados a Larreta.

Ahora solo queda esperar lo que determine la Justicia Federal.

¿Cómo sigue?

El Estado federal pidió a través del Procurador del Tesoro Carlos Zaninni una inhibitoria para que la Justicia Federal determine que la Justicia porteña no es competente. El tema quedó en manos del juez Esteban Furnari.

Paralelamente, la Corte habilitó el tratamiento del tema para expedirse sobre la cuestión de fondo. ¿Puede la Ciudad dictar sus propias políticas educativas y sanitarias? ¿Qué límites tiene el Gobierno nacional a la hora de limitar un derecho (la educación) en pos de otro (la salud).

Alberto Fernández recibió hace días un informe de un constitucionalista que le advertía que la suspensión de las clases era inconstitucional. “Debería tener premisas empíricas y científicas muy fuertes que acá no aparecen”, explicaba a A24.com el autor de ese informe. El Gobierno nacional sorteó en parte esto presentándole pruebas a la Justicia porteña a través del ministerio de Salud.

Se funda en una línea del derecho dice que si hay dos derechos en pugna, uno de un adulto y otro del niño, debería prevalecer el del menor. Está escrito en la Ley 23061, de protección integral del niño y el adolescente. Más precisamente, en el artículo 3.

Dice textualmente: “Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.

“Tiene que ser una afectación de “ultima ratio” porque son el futuro. Se afecta no solo su educación sino también su conformación subjetiva”, indicó este constitucionalista. Esto mismo le hizo saber a Alberto Fernández.

La duda es cuánto tiempo tardará la Justicia en retrotraer las cosas. Difícilmente las clases presenciales sigan vigentes en la Ciudad después del miércoles.