El juez federal Ariel Lijo dispuso finalmente hoy un “informe técnico” que había anunciado hace un mes para determinar si el frustrado acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri, pudo haber causado un perjuicio patrimonial al erario.
Lo hizo en el marco de la causa penal que se instruye contra funcionarios del gobierno, entre ellos el ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, quien fue indagado en abril pasado y aún tiene pendiente la resolución de su situación procesal.
Lijo busca determinar si la propuesta de acuerdo entre las partes, en el marco de la causa que tramita ante el fueron comercial y que contemplaba una quita de más del 98 por ciento a favor de la empresa, fue abusiva contra el Estado.
Ese acuerdo se frustró gracias a que la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, advirtió el eventual perjuicio y presentó un recurso que destapó la situación.
El presidente, Mauricio Macri, quien está excusado de intervenir en el caso y delegó funciones en la vicepresidenta, Gabriela Michetti, ordeno entonces volver todo a “fojas cero” y desde entonces el acuerdo permanece empantanado.
Ahora, Lijo decidió –después de un período abierto a consultas con todas las partes- los puntos periciales del informe.
“Se debería analizar el efecto de la presentación en concurso preventivo de la firma Correo Argentino S.A. sobre los intereses de los créditos adeudados, que fueron verificados y/o declarados admisibles en el expediente donde tramita en concurso”, sostiene la resolución.
“Se deberá describir las propuestas concordatarias efectuadas por la concursada al Estado Nacional con anterioridad al 28 de junio de 2016, teniendo especialmente en cuenta el capital, número de cuotas, tiempos de espera –si los hubiere- e intereses fijados en cada una de ellas”.
Además, se deberá analizar particularmente las propuestas concordatarias efectuadas por la concursada al estado Nacional en la audiencia, teniendo especialmente en cuenta el crédito verificado, capital, número de cuotas, tiempos de espera e intereses fijados en cada una de ellas”.
“Posteriormente, se deberá realizar una comparación entre ambas”, dispuso Lijo.
