El ministerio de Capital Humano acumula denuncias judiciales y se suma una ONG que presentó un amparo para que actúe por el frío. ¿Qué pasa con los alimentos almacenados en galpones?
La Justicia allanó 24 comedores y encontró un depósito con alimentos en mal estado. (Foto: gentileza Infobae)
El Ministerio de Capital Humano afronta una nueva acción de amparo que le reclama que cumpla con la asistencia a los sectores sociales más vulnerables, esta vez con el reparto de frazadas que supuestamente tiene almacenadas en sus galpones, al igual que los alimentos que ya son objeto de otras acciones judiciales.
La Asociación Civil Proyecto 7 – Gente en Situación de Calle radicó ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal un pedido de acceso a la información con pedido de cautelar para que la cartera que encabeza Sandra Pettovello disponga la entrega de las cobijas.
El pedido, en concreto, consiste en que “en un plazo de tres días hábiles, perfeccione la elaboración de un plan integral, eficaz y eficiente que posibilite la distribución inmediata y efectiva entrega, del total disponible en stock del bien material frazada a sectores poblacionales postergados y en situación de calle o en riesgo a estarlo, mujeres solas y con hij@s (sic), hombres solos y a las familias más vulnerables, en lo que hace al acceso de bienes materiales en situación crítica y de emergencia”.
El expediente es el 012372/2024 y está en trámite ante el juzgado de primera instancia número uno, a cargo de Enrique Alonso Regueira.
Lo hizo en “el contexto histórico que se atraviesa de una ola de frio polar demoledora y recurrentes anuncios de alertas meteorológicas de público y notorio conocimiento”.
Capital Humano tiene tantas causas judiciales como días de existencia. Con un agregado: reparticiones que Pettovello heredó de gestiones anteriores (ministerios de Salud y Acción Social del gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo) acumularon en los últimos siete meses más expedientes judiciales que en toda su existencia anterior.
El ejemplo más claro de ello es la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Según el registro de la Cámara en lo Contencioso, a lo largo del gobierno anterior se iniciaron cuatro expedientes judiciales por reclamos ante la falta o demora en la entrega de medicamentos; en lo que lleva corrido el gobierno de Javier Milei ya son once, solo en Capital Federal.
La problemática se suma a los expedientes (dos, uno penal y otro administrativo) que Capital Humano enfrenta e incumple sobre la comida almacenada en dos depósitos, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Tucumán.
El juez penal federal Sebastián Casanello y el contencioso administrativo Martín Cormick le ordenaron, por distintas vías, que informara cómo iba a repartir esos alimentos que cada día que pasa están más cerca de sus vencimientos.
Pero en los últimos días se sumaron órdenes directas para la distribución y Casanello incluso pidió detalles sobre cómo se repartieron los cargamentos de leche en polvo y harina de maíz, habida cuenta de que Capital Humano encargó esas tareas a la Fundación CONIN, cuya aptitud y capacidad logística para ello también está bajo cuestionamiento.
Casanello es, además, el juez que procesó a dirigentes piqueteros vinculados con el Polo Obrero, entre ellos Eduardo Belliboni, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de los planes sociales y la administración de comedores populares.
Una movilización a Comodoro Py 2002 acompañó el viernes a esos dirigentes cuando apelaron los procesamientos y millonarios embargos, en una causa impulsada por el –de a ratos- hiperactivo fiscal Guillermo Marijuán, en la que Capital Humano tiene un rol protagónico.
En el otro expediente por los alimentos, el juez Cormick también emplazó a la cartera de Pettovello, que cumple sólo formalmente con esos requerimientos mientras gotea el reparto de la comida y nunca lo hace de manera directa con los comedores.
Los funcionarios de primera línea de Capital Humano han aprendido rápidamente cómo empantanar causas judiciales con planteos y recursos que dilatan casi hasta el infinito los planteos originales.
Días atrás, el abogado Ariel Alberto Romano Ángel presentó ante la Justicia de La Plata una “inhibitoria” contra una acción judicial iniciada por la central sindical CTA contra “el cierre de los 56 Centros de Referencia (CDR), dependientes del Ministerio de Capital Humano llevado a cabo mediante según su entender una vía de hecho, que conlleva a la suspensión total de los servicios y actividades que se realizan en ellos y la desvinculación de más de 300 trabajadores”.
Los CDR eran “espacios locales de gestión para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales” y básicamente trabajaban en sintonía con gobiernos provinciales, municipales y organizaciones y movimientos sociales “asesorando a los ciudadanos, articulando cuestiones vinculadas a los programas sociales y a los de otros organismos”.
Gracias a la inhibitoria hoy no se está discutiendo la reapertura y permanencia de los CDR sino qué juez y de qué fuero debe intervenir.
