El Gobierno finalmente convocó a extraordinarias. Pero apenas es por un mes y empiezan en enero. Los temas en el tintero y la estrategia parlamentaria para intentar aprobar algo.
Con pocas chances de éxito, el Gobierno hace un intento por reabrir el Congreso (Foto: archivo)
Sobre el final del viernes, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso. Lo hizo en una fecha extraña. Del 20 de enero al 21 de febrero. Casi como si buscara que no se apruebe nada; o quizás hay otra intencionalidad de fondo. El 20 de enero los legisladores suelen estar de vacaciones y los empleados del Congreso están en vacaciones escalonadas. Difícil activar la maquinaria en esa fecha.
El anuncio formal lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni. "Se ha firmado hace instantes el decreto convocando a sesiones extraordinarias", escribió en la red X.
El temario incluye algunos temas que venía pidiendo la oposición dialoguista o que le interesan al Gobierno.
Pero los platos fuertes son la llamada "Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral" y los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. En los dos casos, las chances de que eso se apruebe son muy bajas.
El Gobierno presentó hace meses por Diputados una ambiciosa reforma electoral que incluía la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos, la eliminación de los debates obligatorios, entre otras cuestiones.
Son debates imposibles de dar en un mes (tienen que pasar por las dos cámaras) y en medio de un año electoral. Quizás el Gobierno podría conseguir un respaldo para debatir la eliminación de las PASO y -después de mucha negociación- lograr la suspensión solo por este 2025.
Vale recordar que para cambiar el régimen electoral se necesita una mayoría especial de la mitad más uno de los presentes de cada Cámara. Esto es 129 diputados y 37 senadores. Parece difícil que algo así se apruebe sin el aval del peronismo, que por esta hora no está demasiado interesado en prestarle votos al Gobierno, no vaya a ser que los empiecen a acusar de cosas.
Entre la oposición dialoguista hay matices, incluso dentro del PRO. Jorge Macri invitó hace unos días al Gobierno nacional a suspender por única vez las PASO. Pero todavía Mauricio Macri resiste a esa idea. Sectores del PRO creen que las PASO podrían ser un buen instrumento para ordenar la interna oficialista.
Por otro lado, "la casta" no sabe dónde va a estar parada en 2027. Por eso la suspensión es una opción intermedia que permite sacarse de encima las PASO en este turno pero dejar una puerta abierta para la presidencial, donde quizás no haya otra manera de dirimir candidaturas que una interna abierta.
Hacia fin de año el Gobierno amenazó varias veces con nombrar a los dos jueces vacantes de la Corte Suprema por decreto en Comisión. Una maniobra que en su momento intentó Mauricio Macri y al final tuvo que dar marcha atrás.
El Gobierno insiste en amenazar con usar ese instrumento. El peronismo en el Senado ya avisó que si lo hace, se los van a voltear en la primera sesión que haya. No sería negocio para Milei.
Por eso ahora, convocó a extraordinarias e incluyó el pliego de los jueces en el temario. Recordatorio: para nombrar a un juez de la Corte Suprema se necesita 2/3 de los votos, alrededor de 48 votos (aunque podrían ser menos si algunos senadores dan una mano, se levantan y se van).
Ariel Lijo, uno de los candidatos, es bien visto por un sector del peronismo, que podría apoyar su designación. Manuel García Mansilla tiene casi nulas chances de pasar por el examen del Senado; de hecho, su pliego ni siquiera tiene dictamen.
Ahora el Gobierno dice que podría aprobar en el Senado el pliego de Lijo y nombrar por decreto a García Mansilla. Sería parte de un acuerdo: al peronismo le interesa Lijo y, a cambio, podría hacer silencio sobre ese nombramiento.
Toda una ingeniería difícil que se evitaría si el Presidente propusiera a candidatos más potables para la oposición.
Se lanzó la temporada extraordinaria en el Congreso. Difícilmente en tan corto tiempo los proyectos centrales puedan ser aprobados. De hecho, la oposición dialoguista reclama -para avanzar en el tratamiento- que se incluya también el presupuesto 2025. Un capítulo que el Gobierno no está dispuesto a abrir.
Hacia fin de año el Gobierno amenazó varias veces con nombrar a los dos jueces vacantes de la Corte Suprema por decreto en Comisión
