El 3 de octubre de 2017 los principales diarios tuvieron en sus tapas el inicio del juicio contra el ex vicepresidente kirchnerista Amado Boudou por la causa Ciccone. Diez días después, el 13 de octubre de ese mismo año, los medios anunciaban el triunfo de Cambiemos en las PASO. Veinte días más tarde, el 23 de octubre, la agenda periodística estuvo dominada por el triunfo de Cambiemos en las legislativas. El 23 de noviembre Boudou fue detenido.
Esta llamativa coincidencia del proceso judicial contra Boudou con el calendario electoral de 2017 fue denunciada por la defensa de José María Núñez Carmona y Boudou en el juicio por Ciccone en el que finalmente fueron condenados y detenidos el 7 de agosto de este año.
Más allá de la culpabilidad o inocencia de los kirchneristas investigados por la justicia federal, parecería que uno de los territorios en los que Cambiemos elige hacer campaña es Comodoro Py. Una postal que permite hacer estas inferencias es el comienzo de los juicios orales contra Cristina Kirchner.
Este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, fijó para el 26 de febrero de 2019 la audiencia de inicio del juicio oral y público en la causa contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y otros imputados en la que se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz.
Además, aunque aún no fijaron fecha, en el mundo judicial se habla de que es probable que en 2019 también arranquen los juicios contra Cristina Kirchner por las causas “Dólar futuro” y “Memorándum con Irán”.
El juicio de Vialidad que ya tiene fecha nació de una denuncia de Elisa Carrió en 2008 en la que habló de una asociación ilícita de los Kirchner. Pasaron ocho años y un cambio de Gobierno hasta que la causa empezara a avanzar. Aunque los narrados no son los únicos casos, nos permiten ver una vez más cómo los jueces administran los tiempos de forma no inocente respondiendo a los intereses del poder de turno.
La Justicia tiene una función específica que es aplicar la ley. Ahora suma una nueva: ser funcional a las estrategias proselitistas del gobierno de turno, que obviamente es ajena a las tareas que le encomendó la Constitución.