Antes de que estallara el escándalo, los diputados del oficialismo redactaron un texto que reivindica el accionar de los condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Milei les prohibió que lo difundieran?
Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que se reunieron con detenidos por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza y lo habían hecho anteriormente en Campo de Mayo habían redactado, antes de que estallara el escándalo por esa visita, un documento en el que no sólo no cuestionaban sino que reivindicaban las conductas por las que fueron condenados.
El documento, que no fue difundido en redes por una supuesta “orden del Poder Ejecutivo” –según consta en una parte de los chats que reveló la diputada Lourdes Arrieta– se titula “Visita al penal de Ezeiza. Unidad 31. Exigimos respeto a los Derechos Humanos”.
Cuando trascendió la visita a los detenidos, causó impacto negativo y desembocó en una gravísima interna en el bloque de LLA. Los diputados debatieron sobre la necesidad de difundir el texto (este mismo o tal vez otro) aclarando las circunstancias.
El 17 de julio, la diputada Alida Ferreyra escribió: "Habrán visto las repercusiones. Elaboramos un comunicado los que fuimos el jueves y del Ejecutivo no nos autorizan a publicar. Que la noticia mañana termina. Agradezco a los que puedan manifestarse”.
Su colega Beltrán Benedit respondió: "Un Ejecutivo al que le tiembla el pulso para permitirnos sacar un comunicado donde hacemos nuestro trabajo de informarnos por denuncias de violaciones a los derechos humanos".
La invocación de Ferreyra sobre una supuesta orden del Ejecutivo parece desmentir que el presidente, Javier Milei, desconociera lo que estaba sucediendo, pese a que en las últimas horas se despegó de la situación: “No es mi agenda”.
El texto que no fue publicado sostenía: “Un grupo de diputados de la Nación, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, realizamos una visita a la Unidad 31 de Ezeiza. Nuestro objetivo era evaluar la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad detenidos en dicho establecimiento. Durante el recorrido observamos con preocupación condiciones alarmantes que representan una grave violación a estos irrenunciables derechos”, subraya el documento.
“Muchos de estos detenidos llevan décadas en prisión sin condena. (…) A estos individuos se les ha negado de manera injusta y arbitraria el beneficio de la prisión domiciliaria, en una clara transgresión a los derechos humanos fundamentales”, insiste el texto.
El documento fue proyectado y redactado cuando comenzó a circular extraoficialmente la versión de la visita, que finalmente terminó confirmándose a través de una publicación del sitio de internet La Política Online.
Los diputados, con Beltrán Benedit a la cabeza, más la asesoría legal de Eduardo Riggi, un exjuez de Casación ya jubilado, y Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, del estudio que defiende a los acusados por violaciones a los derechos humanos, elaboraron el documento en el que reclamaban, cuanto menos, la morigeración de las condiciones de detención.
El encierro de los represores, de acuerdo con el documento, “es inaceptable y refleja una falta de consideración por parte de algunos jueces hacia la edad y el estado de salud de los detenidos”.
El documento arengaba que “la justicia no debe convertirse en un instrumento de venganza” y afirmaba algo que no es real: “La ley argentina contempla medidas humanitarias para los detenidos mayores de 65 años, como la prisión domiciliaria, cuando su estado de salud no puede ser adecuadamente atendido en un entorno penitenciario”.
La ley faculta a los jueces a conceder la prisión domiciliaria en circunstancias excepcionales y, sobre el límite etario, sostiene que el juez “podrá” concederla cuando supere los 70 años de edad.
“Ignorar estas disposiciones es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad. Es fundamental recordar que el derecho internacional, a través de instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, reivindica la carta.
Pese a que en el debate interno todos cuestionaron la política de memoria, verdad y justicia que asumió el Estado argentino desde 2004 en adelante, el texto considera que “los derechos humanos son un pilar fundamental de la convivencia democrática y, lamentablemente, se ha vuelto una práctica judicial común no respetar las garantías que devienen de nuestra Constitución Nacional”.
“Dichas garantías no distinguen los delitos de los presos. Son un mínimo razonable que debe cumplirse para que el sistema penal cumpla su función y no sea desnaturalizado”, proclamaba el texto.
En la exhortación final, el documento afirmó: “El sistema penal no está para satisfacer la revancha o la venganza de quienes piensan de una u otra forma. Aquí radica nuestra preocupación y nos comprometemos a hacer lo que esté a nuestro alcance para fortalecer el sistema penal y que el mismo colabore con la sana convivencia democrática, el bienestar de la sociedad y la seguridad de los ciudadanos respetando los principios de equidad y respeto de la Constitución”.
