El tercer mecanismo señalado estaba relacionado con la falta de liquidación de divisas y la adquisición de moneda extranjera por fuera del mercado oficial.
En el marco de esa investigación, Simón había solicitado las indagatorias y la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y de Toviggino. Además, había imputado a otras 26 personas, entre ellas dos hijos del tesorero de la AFA, su hermano Darío Fabián, su exesposa María Julia Del Castillo Orellana y su actual pareja, María Florencia Sartirana.
El expediente tuvo luego un recorrido judicial particular. El juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay había rechazado la denuncia el mismo día en que regresó de sus vacaciones. Sin embargo, posteriormente fue apartado de la causa luego de que se conociera una operación inmobiliaria: su hija le había vendido una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024.
La decisión de Argibay quedó entonces bajo revisión y todo indicaba que la Cámara Federal de Tucumán podía dejarla sin efecto. No obstante, el fiscal general de esa jurisdicción, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso presentado por el fiscal de primera instancia, lo que modificó el curso del expediente.
Finalmente, la investigación quedó radicada ante González Charvay, el mismo magistrado que intervino en una causa vinculada con los presuntos testaferros de una mansión ubicada en Pilar.
En ese contexto, y bajo el argumento de que “no hay impulso fiscal”, González Charvay resolvió dictar el sobreseimiento de los familiares y allegados de Toviggino alcanzados por la investigación, además de las seis empresas vinculadas a su entorno familiar.