Si su apelación es rechazada, podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de cárcel, una situación que ha generado preocupación internacional sobre las implicancias para la libertad de prensa.
Desde abril de 2019, el periodista está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, Londres, luego de ser arrestado en la embajada ecuatoriana donde había buscado asilo durante siete años.
La solicitud de extradición por parte de Estados Unidos se basa en acusaciones de 18 delitos, la mayoría relacionados con espionaje y la publicación por parte de WikiLeaks de información confidencial, registros militares y secretos diplomáticos en 2010, que pusieron a la diplomacia estadounidense en problemas.
Fuera del Tribunal Superior, un ambiente de solidaridad rodeaba el lugar, con manifestantes, entre ellos políticos y activistas, reunidos en apoyo a Assange.
Entre ellos, la esposa de Assange, Stella, expresó a los periodistas su profunda preocupación.
"No hay posibilidad de un juicio justo. Si Julian es extraditado a los Estados Unidos, nunca estaría seguro. Los Estados Unidos planearon asesinar a mi esposo por hacer periodismo. Este caso es una admisión de que ahora criminalizan el periodismo de investigación. Es un ataque a todos los periodistas, en todo el mundo. Es un ataque a la verdad, un ataque al derecho del público a saber. Y su vida está en riesgo", declaró Stella antes de comenzar la audiencia.
El hermano de Assange, Gabriel Shipton, habló también con los medios británicos sobre la delicada salud de Julian, y al respecto dijo que estaba "pasando por un inmenso sufrimiento" en Belmarsh.
La defensa de Assange apeló el año pasado la orden de extradición aprobada en el Reino Unido, argumentando que si es extraditado y hallado culpable, enfrentaría una pena desproporcionada, lo cual representa una grave amenaza a la libertad de prensa.