Además, durante la audiencia sostuvo que Gurí junto con su madre, Silvina Gauna, se dedican a la venta de estupefacientes en el barrio Las Flores de Rosario, disponiendo para ello de armas de fuego, material balístico, vehículos y grandes sumas de dinero en efectivo.
Gauna fue acusada hace un año por asociación ilícita en la misma causa en la que ahora fue imputado su hijo de 26 años, sobrino del asesinado jefe de la barrabrava de Newells Old Boys, Roberto Pimpi Caminos.
La investigación se conoció en diciembre de 2022, cuando Haurigot junto a otros fiscales solicitó 45 allanamientos a diferentes domicilios de Rosario y la zona de presuntos integrantes de una organización ilícita.
Para los fiscales, la banda estaba liderada desde la cárcel federal de Ezeiza, donde cumplía condena hasta su traslado al penal de Marcos Paz, por Rodríguez Granthon, sentenciado en causas por tráfico de cocaína en escala mediana.
A partir de sus actividades vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo, esta organización criminal realizó un despliegue de actos de violencia en la ciudad de Rosario, sostuvo la fiscal.
Todo ello con la finalidad no sólo de apropiarse del territorio para el desarrollo de sus actividades ilícitas y excluir de allí a la competencia, sino de doblegar la voluntad de las personas que mantenían deudas con la asociación criminal para obligarlas al pago, con la intención de sembrar temor no solo en estas últimas sino en todos los miembros de la sociedad, abundó en la acusación.
En la causa también fueron imputados el padre de Rodríguez Granthon, su pareja quien según la investigación le ingresaba los teléfonos celulares a la cárcel-, y un cuñado, como parte del círculo íntimo del líder.
Con la acusación formal a Gurí Caminos, ya son 26 las personas vinculadas judicialmente al caso.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) recordó que cinco de ellos ya recibieron condenas como miembros de la asociación ilícita.
Rodríguez Granthon, por su parte, fue condenado el 9 de febrero pasado a prisión perpetua como partícipe necesario del asesinato del exconcejal rosarino, Eduardo Trasante.
En diciembre, la Justicia Federal le dictó su tercera condena en ese fuero en una causa en la que también fue sentenciado un financista en cuya cueva cambiaba pesos por dólares el Peruano, para poder proveerse de drogas.