Fabián "Pepín" Rodríguez Simón
Para Fabián “Pepín” Rodríguez Simón la salida definitiva que le evitaría quedar detenido sería que Uruguay lo admita como refugiado. Si no lo logra, le tocará enfrentar un proceso de extradición. Intentó el camino del hábeas corpus para permanecer en libertad mientras continúa el trámite de su solicitud de asilo, pero hasta ahora la justicia en Montevideo le dio la espalda.
Con esta jugada a todo o nada en marcha, y sin fueros como diputado ante el Parlasur por Cambiemos, la jueza federal María Servini declaró a Rodríguez Simón en rebeldía y ordenó su captura nacional e internacional, a efectos de su declaración indagatoria, en la causa que investiga el presunto “hostigamiento y ahogo financiero del Grupo Indalo”.
En este expediente, el exasesor presidencial de Mauricio Macri había logrado postergar varias veces su indagatoria que terminó fijada para el 17 de junio próximo, hasta que irrumpió en una entrevista televisiva anunciando que había pedido exiliarse en Uruguay, porque se sentía víctima de una persecución judicial y podían llevarlo preso.
El exhorto que liberó la jueza Servini para detener a Rodríguez Simón y traerlo a la Argentina a declarar, aún no fue incluido por la Interpol en la lista de las alertas rojas. El organismo policial internacional requirió más precisiones a la justicia argentina, que respondió que no está imputado en un caso político con el que pueda invocar ser perseguido.
Lo cierto es que si se emiten esas alertas “Pepín” podría quedar detenido y expuesto a un juicio de extradición, y su situación estaría atada al éxito o al fracaso de su pedido de asilo.
Según pudo saber A24.com, Rodríguez Simón presentó la solicitud de refugio el 6 de mayo pasado, y para poder realizarlo renunció a su residencia legal uruguaya. Este procedimiento administrativo está a cargo del Poder Ejecutivo de ese país a través de una comisión especial compuesta por 7 organismos, que tiene hasta 90 días de plazo para resolver si admite o rechaza el planteo.
La CORE es el órgano encargado de decidir sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y está presidida en Montevideo por Cancillería, e integrada por un representante de Migraciones, Diputados, ACNUR, el Servicio ecuménico, la facultad de Derecho, y una organización no gubernamental.
Es considerado “refugiado” toda persona que, debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo étnico o social u opiniones políticas a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de su país.
De acuerdo con la opinión de fuentes de la justicia y el gobierno uruguayo brindadas a A24.com, Fabián Rodríguez Simón tiene escasas posibilidades de alcanzar ese objetivo.
Fue en este marco que inició en Uruguay una demanda de hábeas corpus para amparar su derecho a esperar en libertad la decisión de la CORE. El Juez Penal Marcelo Malvar lo desestimó en una primera instancia por considerarlo extemporáneo.
Rodríguez Simón insistió remarcando que “en los últimos días había sido fotografiado por personas desconocidas, y había visto coches en actitud de aparente vigilancia”. No obstante, el magistrado uruguayo ratificó el rechazo porque no encontró fundamento para aplicar el instituto del hábeas corpus preventivo.
A la vez, recomendó “que en el caso de resultar detenido en cumplimiento de los mandatos legales, se vele con especial cuidado por su vida, integridad física, intimidad y honor”.
Ahora sus abogados podrán apelar, corriendo contra reloj para lograr que la justicia uruguaya ampare a su defendido, antes de que Interpol habilite la alerta de detención.
Como están las cosas, Fabián Rodríguez Simón parece haber perdido el aval de su grupo de pertenencia macrista. Menudo favor les suma con este escándalo internacional a todos los imputados en la causa iniciada por Cristóbal López y Fabián De Souza contra la denominada “mesa judicial”.
En el expediente que impulsó a “Pepín” a pedir asilo en Uruguay, la jueza Servini junto con el fiscal Guillermo Marijuan imputaron también a Mauricio Macri, su ex jefe de asesores José Torello, el ex secretario de coordinación Mario Quintana, el ex Director de la AFIP Alberto Abad y su reemplazo Leandro Cuccioli, entre otros ex funcionarios del gobierno de Juntos por el cambio.
En este caso, Rodríguez Simón quedó incluido a raíz de la denuncia de Cristóbal López, donde lo acusa de haberlo amenazado, en nombre del expresidente Macri, con iniciarle causas penales si no aceptaba pagar ingresos brutos o duplicar el canon que abonaba por la concesión del hipódromo de Palermo.
Estas supuestas presiones se repitieron hasta que la justicia resolvió embargar otra de sus empresas, Oil combustibles, por una deuda de 8 mil millones con la Afip. Como consecuencia de este litigio, López y De Souza fueron a la cárcel.
En los últimos días, la DAJUDECO entregó a la justicia un informe con los registros de las llamadas del teléfono de Simón, que coincidirían con las descripciones de los denunciantes.
