La interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, derogó una serie de artículos que regulaban el procedimiento de confección de las historias criminológicas insertas
En medio de un escenario efervescente desde la sociedad ante hechos de inseguridad, tal como fue la marcha de las velas por el crimen del kiosquero en Ramos Mejía, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, derogó una serie de artículos que regulaban el procedimiento de confección de las historias criminológicas, lo que permitirían la liberación de presos.
Según dictaminó Garrigós, los jueces ya no recibirán información sobre la posición del condenado ante el delito, el "desistimiento" y el "arrepentimiento": “El no arrepentimiento sobre cualquier acción cometida (incluso aquellas socialmente disvaliosas o jurídicamente delictivas) y la no producción de sentimientos, emociones o deseos específicos en torno a ella, o a cualquier otra situación vinculada con ésta, no se encuentra regulada por ninguna ley vigente”.
También, argumentó que “exigir o ponderar que la persona se muestre o diga estar arrepentida sobre la acción que la llevó a su actual situación de detención, rutinizar en procedimientos burocráticos la producción de esa información, registrarla y elevarla a instancias judiciales, compromete seriamente la regla constitucional consignada en el artículo 18 que prohíbe la autoincriminación”.
Ante esto, quedará a libre argumentos del magistrado otorgar beneficios a los presos como pueden ser salidas transitorias, prisión domiciliaria o libertad condicional.
La funcionaria dictaminó que las medidas que regulan la forma de proceder ante los informes carcelarios de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico sobre la evolución del detenido para los jueces sean excluidos.
