Un juez de la Cámara Laboral reivindicó las protestas callejeras con ocupación de calles y conjeturó que si Patricia Bullrich hubiera sido ministra de Seguridad en 1810 todos los patriotas de la Semana de Mayo habrían terminado presos.
La pregunta se dio en el marco de un encuentro panamericano de jueces. Las críticas a la gestión de la ministra y a la doctrina de Milei.
Un juez de la Cámara Laboral reivindicó las protestas callejeras con ocupación de calles y conjeturó que si Patricia Bullrich hubiera sido ministra de Seguridad en 1810 todos los patriotas de la Semana de Mayo habrían terminado presos.
Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, expuso durante el IV Encuentro Nacional del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), que sesionó en Tinogasta, Catamarca.
“El derecho a la protesta y a la huelga, que sería la expresión de esa protesta por parte de la clase trabajadora, son instrumentos esenciales para la protección y la ampliación de los derechos”, proclamó el camarista.
En ese contexto, se preguntó “¿qué hubiese pasado si estuviésemos en 1810 en estas jornadas de la Semana de Mayo reunidos en el Cabildo pidiendo por tener nuestro primer gobierno patrio y comenzar con el proceso de independencia? Si en ese entonces hubiese estado la ministra de Seguridad a lo mejor estaríamos todos presos y no podríamos estar desarrollando ese proceso emancipador”, se respondió.
Pompa es vicecoordinador de la Comisión Directiva del Capítulo Argentina de COPAJU, una organización integrada por actores del Poder Judicial con una mirada social.
El camarista defendió la protesta social y la huelga –como una de sus formas- porque “son una expresión de la democracia y del progreso de los pueblos”.
“La protesta y la huelga tienen fines reivindicatorios: los de recuperar un derecho perdido, conquistar un derecho que se ansía o ampliar los derechos que ya se tienen. Son motores de cambio para el progreso de las sociedades y son derechos fundantes de otros derechos como el de reunión, petición, opinión, no discriminación y asociación”.
Pompa cuestionó la forma en que se enfrentan desde el actual gobierno esas expresiones de protesta: “Esos derechos se encuentran permanentemente en un estado de constante amenaza. Se imponen restricciones al uso de la vía pública, prohibiciones cuando se piden permisos, se persigue a los dirigentes y a los activistas sociales, sindicales, de derechos humanos, se hace un uso indiscriminado de la fuerza y se llega a la represión, a la prisión de los manifestantes y en algunos casos también a las pérdidas de vida”.
“Estas normas represivas que se suelen utilizar no promocionan, no promueven, no fortalecen las reglas de la democracia”, insistió. “La actuación policial debe facilitar los derechos, no la confrontación con los que lo llevan a cabo”, añadió citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pompa remarcó lo que consideró una contradicción entre el discurso del gobierno y lo que establece la Constitución Nacional. “En el artículo 75 inciso 19 de la Constitución vamos a encontrar la cláusula de progreso, de desarrollo, pero no bajo las reglas del mercado, del individualismo o del liberalismo, sino bajo las reglas de la justicia social”.
Ese artículo e inciso describen dentro de las facultades del Congreso la de “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.
“Como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada vez que se confronte un derecho del capital con un derecho social, debe prevalecer el derecho social, porque en él está en juego la dignidad de las personas y la justicia social”, subrayó.
“Cuando caminamos en nuestras calles -con un 52 por ciento de pobreza que puede llegar a un 70, con seis de cada diez chicos que son pobres-, no vemos en las calles durmiendo a los mercados sino a las personas con sus necesidades”.
El camarista desafió en su disertación al propio Poder Judicial: “el rol del juez no es únicamente aplicar la ley sino también interpelar a la ley y ver si se corresponde con la Constitución y con los tratados internacionales”.
“Siguiendo las palabras del Papa Francisco, dictemos distintos pronunciamiento en los cuales pongamos en cuestionamiento estas políticas de ajuste y represión que lo único que hacen es endeudarnos y subordinarnos a intereses económicos de potencias”, arengó.