El Reino Unido pagará a Ruanda al menos 370 millones de libras (unos 470 millones de dólares) para la reubicación y procesamiento de solicitantes de asilo, en el marco de un proyecto de ley que el primer ministro, Rishi Sunak, quiere poner en marcha "lo antes posible" pese a los desafíos legales en su implementación.
La información la dio a conocer hoy la Oficina Nacional de Auditoría (NAO), un organismo parlamentario independiente, que informó además que más allá de los pagos iniciales, el Reino Unido abonará 20.000 libras esterlinas (25.000 dólares) adicionales por cada persona reubicada.
Pagará 120 millones de libras (151 millones de dólares) tras el traslado de 300 personas, con costos operativos y de procesamiento que ascienden hasta 150.874 libras (190.000 dólares) por persona durante cinco años, indicó el organismo.
El denominado Plan Ruanda busca deportar a ese país a aquellos que lleguen irregularmente al Reino Unido por el canal de la Mancha: sus solicitudes de asilo serán procesadas sin posibilidad de retorno, excepto en circunstancias excepcionales.
El 2023 concluyó con 29.437 inmigrantes alcanzando las costas británicas, lo que representa un declive del 36% en comparación con el récord de 45.774 llegadas en 2022.
El primer ministro está bajo presión para abordar la cuestión de la inmigración, lo que lo impulsó a buscar la reactivación de la cuestionada medida de deportar a migrantes sin papeles en avión a la Ruanda, en busca de un efecto disuasivo.
Inicialmente propuesto por Boris Johnson en 2022, el Plan Ruanda ha enfrentado numerosos obstáculos legales, incluida una suspensión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y preocupaciones sobre la seguridad del país africano para los solicitantes de asilo.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de los Comunes y resta el visto bueno en la Cámara de los Lores donde está siendo resistido, lo que podría posponer la implementación de la iniciativa.
Hasta el momento, ningún solicitante de asilo que haya llegado al Reino Unido por medios no autorizados ha sido expulsado a Ruanda bajo la política conservadora.
El informe provocó críticas por parte de la oposición laborista, al calificar el gasto como un "escándalo nacional".
No obstante, el Ministerio del Interior defendió la medida, argumentando que "No hacer nada conlleva costos importantes", afirmó un portavoz de la cartera, según consignó la BBC.