El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) y los tribunales fueron objeto de críticas por parte de la familia Gregory, quienes alegaron que se les arrebató la oportunidad de prolongar la vida de su hija y de permitirle morir en el entorno familiar que conocía. La enfermedad mitocondrial de Indi no tenía cura conocida, ya que se trataba de una condición genética que impedía a las células del cuerpo producir energía.
El caso tomó un giro inesperado cuando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, intervino directamente, concediendo a la bebé la nacionalidad italiana. El hospital del Vaticano se ofreció a continuar el tratamiento, pero el tribunal superior inglés determinó que la intervención de Roma no alteraba las decisiones anteriores.
La tragedia de Indi Gregory ha generado un debate sobre el papel de los tribunales y el sistema de salud en decisiones médicas cruciales, mientras que la intervención internacional destaca la complejidad y la sensibilidad de estos casos que trascienden fronteras.