La Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros y confirmó los embargos y las prohibiciones de salida del país para el broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y exsecretaria presidencial María Cantero y otros acusados.
La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros. El Tribunal de Aplicaciones ratificó, a la vez, procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país del broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y también exsecretaria privada del exmandatario, María Cantero, y otros acusados.
Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico sostuvieron que el "ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero (...) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado".
La Cámara consideró probado que existió “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba”, y destacó un episodio concreto ocurrido el 24 de mayo de 2023. Ese día, Cantero le avisó a Fernández sobre la designación de otro broker en Cancillería. “Ya me ocupo”, fue la respuesta del entonces presidente. Cinco días más tarde, la designación había sido revertida. Para el tribunal, ese intercambio dejó sin sustento la explicación defensiva que hablaba de una mera “irregularidad administrativa” y, en cambio, evidenció un "interés particular en la negociociación".
Los jueces concluyeron que el rol institucional de Fernández fue determinante para el crecimiento de Héctor Martínez Sosa, a quien describen como su amigo y principal beneficiario del esquema. La resolución plantea: “Porque si no fueron las acciones de Alberto Fernández las que facilitaron el exponencial aumento de los negocios de Héctor Martínez Sosa con el Estado, ¿quién, entonces, tenía el conflicto de interés?”. En esa línea, señalaron que apenas iniciado el gobierno del expresidente, el broker pasó a percibir el 59,6 por ciento de las comisiones pagadas por Nación Seguros a todos los intermediarios en operaciones con organismos públicos.
El vínculo personal entre ambos —que incluía amistad, negocios en común, préstamos, gastos cubiertos y obsequios— fue para los camaristas otro indicio que “permite deducir razonablemente” la intervención de Fernández en el impulso de los negocios de Martínez Sosa con el Estado.
En cuanto al resto del expediente, la Cámara dejó firmes los procesamientos del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y de Gustavo Argibay, Carlos Soria, Fernando Arana y Mauro Tanos, por presuntas negociaciones incompatibles y defraudación al Estado. Para cinco de ellos se añadió el delito de cohecho y se ordenó recalcular los embargos. En otros ocho casos, y también respecto de dos cooperativas, los procesamientos fueron revocados.
La causa surgió a partir del Decreto 823/2021, que obligó a todos los organismos del sector público nacional a contratar sus pólizas únicamente a través de Nación Seguros. Esa norma derivó en un circuito de intermediación que quedó dominado por Martínez Sosa, cuya participación y beneficios pasaron a ser el foco central de la investigación judicial.
