El proceso de designación de los nuevos jueces de la Corte Suprema quedó definitivamente teñido por una cuestión de género: el reclamo de organizaciones sociales y judiciales para que esas vacantes sean ocupadas por mujeres.
Organizaciones civiles y judiciales vinculadas con el máximo tribunal reclaman ante el Senado y los tribunales.
El proceso de designación de los nuevos jueces de la Corte Suprema quedó definitivamente teñido por una cuestión de género: el reclamo de organizaciones sociales y judiciales para que esas vacantes sean ocupadas por mujeres.
Incluso hay una acción judicial que tramita ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal que reclama que la inclusión de mujeres en el máximo tribunal sea establecida por un fallo judicial.
Las organizaciones civiles Red Mujeres para la Justicia, la Asociación Civil Pro-Amnistía, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y el Center for Justice and International Law (CEJIL) impulsan el expediente 10637/2024 que, en formato de amparo colectivo, busca una “sentencia declarativa de nulidad y/o inconstitucionalidad” del rechazo del gobierno de las impugnaciones por la ausencia de mujeres en las postulaciones para la Corte.
El expediente está en pleno trámite, pese a que un juez de feria rehusó continuar con su tratamiento durante el receso judicial de invierno, que completó la primera de sus dos semanas.
Otras organizaciones directamente pidieron al Senado “que no dé inicio a la discusión de los pliegos para nombrar dos jueces en la Corte a efectos de garantizar la igualdad de género en la Justicia argentina”.
Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Mujeres para la Justicia, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Poder Ciudadano, CEJIL, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Campaña GQUAL y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), unieron sus voces y prestigio en ese sentido.
El colectivo de organizaciones sostiene, también, que “el Senado debe garantizar la participación ciudadana en la definición de quienes integrarán la Corte Suprema”.
En esa participación plural –confían-, irrumpirá con fuerza arrolladora la necesidad de que haya mujeres en la Corte.
El reporte consigna que unos siete mil ciudadanos presentaron observaciones a las propuestas del gobierno de Javier Milei para cubrir las dos vacantes (una actual, la otra desde diciembre) en el alto tribunal.
Los sectores vinculados con el Poder Judicial y, específicamente, con las vacantes de la Corte, sienten que el tiempo los apremia: esta semana fueron ratificadas las fechas de las audiencias públicas en el Senado (el paso previo al acuerdo para los pliegos de los candidatos) para los días 21 y 28 de agosto.
La decisión es un tácito rechazo al planteo administrativo y judicial que considera que “el Poder Ejecutivo Nacional tiene la obligación de garantizar una composición diversa en materia de género en el máximo tribunal”.
Ante ese escenario, resolvieron enviarle una carta a la presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores, Guadalupe Tagliaferri –cercana al larretismo-, para que “no dé inicio a la audiencia pública de designación de los dos jueces varones propuestos por el Poder Ejecutivo por ser inconstitucional y discriminatoria por motivos de género”.
La aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla –argumentan-, causará que “durante al menos siete años tengamos una Corte absolutamente masculina, dejando fuera a mujeres que reúnen las condiciones para ocupar ese cargo y reforzando los estereotipos que bloquean su acceso a lugares de poder y toma de decisión”.
Respaldaron la afirmación con un dato estadístico: “En el Poder Judicial argentino el 57% del personal está conformado por mujeres, ellas ocupan solo el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal y solo el 29% de las máximas autoridades allí”.
En ese contexto, recordaron que “los momentos de mayor participación política de las mujeres en dichos espacios, además, coincidieron con importantes avances en materia de género. La creación de la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, organismos fundamentales para documentar y revertir la discriminación y violencia, tuvo lugar cuando Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco formaron parte de la máxima magistratura”.
Ellas dos, más Margarita Argúas en los tempranos 70, fueron las únicas tres mujeres que integraron la Corte en casi dos siglos de historia.
Desde el seno del propio Poder Judicial, la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina (AMJA) reclamó que “la igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de derechos humanos y es condición indispensable para la consolidación democrática, el desarrollo económico y la paz social”.
La Federación Argentina de Magistrados (FAM), por su parte, denunció que se están “vulnerando principios básicos como la paridad de género que, como Estado, se deben asegurar al haber asumido compromisos internacionales”.