Es el paso necesario para que los dos jueces sean aceptados para integrar la Corte Suprema. Deben reunir los votos de dos tercios del Senado.
El Gobierno oficializó las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes de la Corte Suprema. (Foto: archivo)
El Gobierno envió este lunes por la noche los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de la Nación. El pliego, de tres páginas de extensión, fue enviado al Senado de la Nación y lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
En ese marco, indicaron que, como se cumplió con el procedimiento de preselección, para el Gobierno “resulta obligatorio... propiciar la cobertura de los cargos en cuestión”. Se trata del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema.
Asimismo, destaca la importancia de “contar con un tribunal completo, especialmente en un contexto donde cada decisión requiere el consenso de al menos tres miembros”. Las designaciones representan lo que el Gobierno considera como “un paso crucial para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema judicial argentino”.
Algunas semanas atrás, a través de dos publicaciones en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo concretó la postulación de los magistrados para ocupar el lugar disponible en el máximo tribunal, que se liberó tras la salida de la exministra de la Corte Elena Highton de Nolasco.
Bajo la titularidad del Ministerio de Justicia, dirigido por el ministro Mariano Cúneo Libarona, el comunicado expresó que “en el marco de lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24), se hace saber que a efectos de cubrir la vacante de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha propuesto al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla”.
A partir de esta decisión del Ejecutivo, se abrió un período de quince días para que la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos presenten sus posturas, observaciones y circunstancias respecto a los candidatos propuestos.
