El cierre de la cárcel de Villa Devoto y el traslado de los internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz generaron denuncias por las condiciones de alojamiento, la alimentación y la continuidad educativa. La Justicia dispuso medidas para garantizar las inspecciones de los organismos de control y estableció nuevas exigencias para los próximos traslados.
De Devoto a Marcos Paz: la nueva cárcel, los reclamos de los familiares y la intervención de la Justicia
El cierre de la histórica cárcel de Villa Devoto, inaugurada en 1927, marca el final de una etapa de casi un siglo en la historia penitenciaria argentina. Pero el traslado de los detenidos al nuevo complejo de Marcos Paz, presentado como un avance en materia de infraestructura y seguridad, abrió una controversia por las condiciones de alojamiento, la comunicación con los familiares y las dificultades denunciadas por los organismos encargados de supervisar el funcionamiento de las prisiones.
La nueva cárcel, denominada Complejo Penitenciario Federal VIII, fue construida sobre un predio de 80 hectáreas ubicado en el Acceso Zabala, en el partido bonaerense de Marcos Paz. Tiene una capacidad provisoria de 2.232 internos y fue diseñado bajo un concepto de máxima seguridad y vigilancia tecnológica.
Según pudo saber A24.com cuenta con 929 cámaras de seguridad, escáneres de rayos X para controlar el ingreso de objetos, detectores de metales y sistemas de vigilancia perimetral capaces de activar alarmas ante movimientos sospechosos.
Las celdas pueden abrirse de manera remota y la comunicación entre el personal penitenciario y los detenidos se realiza mediante parlantes, con el propósito de reducir el contacto directo y prevenir incidentes.
La obra fue ejecutada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y entregada a la Nación para su administración a través del Servicio Penitenciario Federal. El objetivo es trasladar a los aproximadamente 1.500 internos de Devoto y desafectar definitivamente el viejo edificio porteño, históricamente cuestionado por su deterioro y sus problemas de sobrepoblación.
Sin embargo, mientras las autoridades celebran la modernización del sistema penitenciario, comenzaron a conocerse denuncias que plantean interrogantes sobre las condiciones reales en las que se está desarrollando la mudanza.
Familiares de personas privadas de libertad aseguran que tienen dificultades para obtener información sobre los detenidos trasladados. También denuncian problemas con las instalaciones, la alimentación y la continuidad de las actividades educativas.
Uno de los aspectos más sensibles es precisamente la educación. La cárcel de Devoto alberga al Centro Universitario Devoto (CUD), una experiencia histórica de formación universitaria dentro de una prisión, vinculada con la Universidad de Buenos Aires. Más de 120 internos lograron graduarse a través de ese espacio. Su comunidad educativa manifestó preocupación por la continuidad de los estudios después del traslado.
Las denuncias también alcanzaron al Servicio Penitenciario Federal por las restricciones impuestas al ingreso de organismos de control, entre ellos la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Ambas instituciones tienen facultades legales para inspeccionar los establecimientos y supervisar las condiciones de detención.
El conflicto llegó a los tribunales y derivó en decisiones judiciales que, aunque no suspendieron el traslado, establecieron obligaciones concretas para las autoridades penitenciarias.
El viernes 16 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo de un hábeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria.
Los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López consideraron que no se había demostrado que el traslado constituyera, por sí mismo, un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.
Sin embargo, la Cámara ordenó que los próximos traslados sean comunicados a los juzgados y a las defensas con una anticipación mínima de 72 horas. También exigió garantizar el ingreso inmediato de los representantes de la Procuración Penitenciaria para que puedan inspeccionar las instalaciones.
En una resolución paralela, también del 16 de octubre, a la que tuvo acceso A24.com, el Juzgado Federal N.º 2 de Morón fue más allá: ordenó permitir, en el plazo de un día, el ingreso de la Procuración Penitenciaria, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
Además, exigió un relevamiento técnico de las instalaciones sanitarias de cada pabellón, la identificación de posibles deficiencias y la presentación de las medidas necesarias para corregirlas.
La Justicia también examinó las objeciones relacionadas con la continuidad educativa. La Cámara entendió que, con los elementos disponibles, no se había acreditado una vulneración efectiva del derecho a la educación, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar situaciones individuales si aparecieran perjuicios concretos.
De esta manera, el traslado continúa, pero bajo nuevas exigencias judiciales. La autorización para mudar a los presos no implica que las condiciones del nuevo establecimiento hayan quedado definitivamente convalidadas.
