El abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla, propuesto por el presidente Javier Milei para conformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, defiende este miércoles en el Senado su nominación en la Comisión de Acuerdos.
El abogado constitucionalista responde preguntas en la Comisión de Acuerdos del Senado, en donde aún no cuenta con los avales para ingresar a la Corte.
García Mansilla busca ocupar un lugar en la Corte Suprema, tras ser postulado por el presidente Milei para el cargo. (Foto: archivo)
El abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla, propuesto por el presidente Javier Milei para conformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, defiende este miércoles en el Senado su nominación en la Comisión de Acuerdos.
El 16 de abril de este año, Milei propuso al juez federal Ariel Lijo y a García-Mansilla como futuros integrantes de la Corte, y el 27 de mayo el Gobierno envió ambos pliegos al Senado, para que se debatan las postulaciones.
La nominación de García-Mansilla se debe a que el juez Juan Carlos Maqueda cumplirá en diciembre 75 años, la edad límite que establece la Constitución para el ejercicio de la magistratura, lo que abriría una nueva vacante.
El abogado constitucionalista comenzó su alocución repasando su vida personal y su carrera profesional. “Volví en el 2001 al país y tuve que saldar la deuda de un crédito que se me había multiplicado por cuatro”, reveló el letrado.
“Desde mi experiencia de vida y el recorrido profesional puedo hacer un aporte genuino al máximo tribunal”, aseguró.
Y agregó: “Los legisladores puede apelar a sus convicciones morales y a los reclamos sociales para modificar las leyes como creen en el marco de la constitución nacional. Eso mismo ocurre con los constituyentes. Los jueces no pueden hacer eso en una sociedad democrática. En ningún caso”.
La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación recibió la semana pasada al juez federal Ariel Lijo. El encuentro se realizó el 21 de agosto, desde las 10:30 de la mañana, en el Salón Azul del palacio legislativo, donde Lijo respondió preguntas durante ocho horas, con el objetivo de ocupar el lugar que dejó vacante en la Corte la jueza Elena Highton de Nolasco, quien renunció en octubre de 2021.
Durante su presentación, Lijo abordó diversos temas, desde la dolarización y la baja de la edad de imputabilidad hasta su propia idoneidad para ocupar el cargo.
En el transcurso de la audiencia, Lijo reafirmó su postura sobre la cuestión de género, manifestando que para él es una "convicción y no una puesta en escena". Explicó que considera esencial la inclusión de mujeres en la Corte Suprema, aunque reconoció que su posible nombramiento reemplazaría a una mujer, Elena Highton de Nolasco.
El juez también se pronunció sobre la dolarización, subrayando que cualquier reglamentación debe preservar la moneda y cumplir con los estándares mínimos de la legislación.
A fines de julio de este año, docentes y egresados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) presentaron un escrito ante la Comisión de Acuerdos del Senado para impugnar la candidatura de García-Masilla a la Corte, y hacer preguntas para que sean consideradas en la audiencia pública prevista para debatir la designación.
“En sus textos publicados y en intervenciones ante el Senado de la Nación, el Dr. García-Mansilla presenta interpretaciones de la Constitución que –de ser sostenidas en fallos como integrante de la Corte– implicarían un retroceso en el alcance dado hasta hoy a ciertos derechos”, indicaron.
García-Mansilla ha expresado opiniones que generaron controversia, especialmente en temas relacionados con el aborto y los derechos humanos. En su presentación ante el Senado en 2018, durante el debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, afirmó: “El supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó también un comunicado contra las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Este último, señala el CELS, “rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Reforma de 1994, lo que significa un obstáculo para la efectiva protección de los derechos humanos en la Argentina”.
Además, explican que “plantea posiciones muy regresivas sobre los derechos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo”.
