Al igual que sus colegas en otros países europeos que también han protestado, los agricultores españoles se quejan de la burocracia y complejidad de las normas europeas, de los precios bajos a los que venden sus productos y de la competencia, que consideran desleal, de los artículos extranjeros.
En ese sentido, el ministro se comprometió a impulsar la "simplificación" de la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) europea, lo cual planteará el 26 de febrero en un consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea.
Asimismo, Planas anunció la creación de una agencia estatal de control alimentario, que velará por que se cumpla la ley de cadena alimentaria, que busca evitar el hundimiento de los precios a los que tienen que vender los agricultores.
Además, prometió impulsar en la UE y la Organización Mundial del Comercio las "cláusulas espejo", para garantizar que los productos que entren en Europa no usen elementos fitosanitarios que los agricultores del bloque no pueden usar, y de esa manera evitar la competencia desleal.
Si bien los sindicatos calificaron de positiva la reunión, descartaron por ahora un acuerdo definitivo y anunciaron que continuarán con sus protestas.
"Hemos visto avances importantes", pero "las movilizaciones siguen", afirmó el presidente de Asaja, Pedro Barato.
En tanto, se prevén manifestaciones por toda España, entre ellas dos en Madrid, el 21 y el 26 de febrero.
España, a menudo descrita como la "huerta de Europa", es el primer exportador europeo de frutas y hortalizas, pero su sector agrario atraviesa dificultades, debido sobre todo a la sequía que asola el país desde hace tres años.
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, había afirmado hace una semana en el Congreso que su gabinete "está con el campo", y puso en valor las medidas "desplegadas en estos últimos cinco años" para apoyar al sector.
Sánchez se comprometió a mejorar la ley de 2013 sobre la cadena alimentaria para evitar que los agricultores españoles vendan a pérdida, y a simplificar la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) europea, considerada excesivamente burocrática por los agricultores.
No obstante, el partido de extrema derecha español Vox, tercera fuerza en el Parlamento y negacionista del cambio climático, es muy crítico del Pacto Verde europeo, que incluye medidas de transición ecológica en el agrosector, y lo acusa de querer "destruir" la agricultura en la península ibérica.