La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció una importante medida destinada a ampliar el alcance de la Tarjeta Alimentar, brindando asistencia económica a un grupo adicional de personas. Cerca de 60.000 trabajadores rurales registrados podrán acceder a este beneficio, recibiendo hasta $34.000 mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias.
La implementación de esta medida fue posible gracias a una resolución conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, liderado por Raquel "Kelly" Olmos. La decisión de incluir a este nuevo grupo de beneficiarios busca fomentar la formalización laboral en el sector y promover un mayor nivel de registración.
Hasta el momento, los titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las pensiones no contributivas, ya tenían acceso a la ayuda económica proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Social.
En esta ocasión, los trabajadores rurales cuyos ingresos se sitúen por debajo de la línea de pobreza y estén debidamente registrados en los establecimientos agrícolas podrán acceder a la Tarjeta Alimentar, con asignaciones que oscilan entre los $17.000 y los $34.000. Esta medida permitirá eliminar la incompatibilidad que existía previamente entre los trabajadores temporarios, estacionales y rurales, y el acceso a la Tarjeta Alimentar. Asimismo, garantizará la necesaria ampliación del número de trabajadores registrados en una actividad que requiere el respaldo del Estado.
La solicitud de compatibilidad entre el beneficio de la Tarjeta Alimentar y el período de registración temporal establecido por la cosecha había sido presentada por las cámaras empresariales y los sindicatos de trabajadores de las economías regionales al Gobierno. Con esta medida, los trabajadores rurales podrán mantener el beneficio mientras estén registrados, lo que asegura la protección alimentaria a un sector laboral con salarios que dependen del respaldo de políticas sociales.
La implementación de esta política busca ofrecer apoyo a aquellos trabajadores cuyos ingresos no superen el umbral de la línea de pobreza, evitando que se vean forzados a elegir entre su empleo y la asistencia alimentaria. De esta manera, se busca prevenir situaciones de tensión como las que se vivieron durante la reciente cosecha de yerba mate.
Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la inclusión social, garantizar el bienestar de los trabajadores rurales y promover la formalización laboral en el sector. Asimismo, se busca asegurar que las necesidades básicas de estos trabajadores sean satisfechas, brindando un respaldo fundamental para su desarrollo y bienestar.
