El gobierno respondió a los cuestionamientos de la ONU sobre independencia judicial: "inverosímil e insustancial"

“Otro de los solicitantes, AJUS, Asociación de Abogados por la Justicia Social, es una asociación que tiene una abierta participación política, especialmente en el ámbito universitario y profesional de la abogacía” y en ese marco convocó: Ponele un freno al macrismo”.

El reporte, de 46 páginas y al que tuvo acceso A24.com, también cuestiona a los abogados Maximiliano Rusconi –defensor, entre otros, del ex ministro de Planificación Julio De Vido- y a Carlos Beraldi, quien asiste a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“La agrupación denominada ‘Iniciativa Judicial’, si bien sus referentes principales, los abogados Rusconi y Beraldi, son reconocidos profesionales del foro local, ambos son letrados defensores de ex funcionarios políticos que se encuentran imputados, procesados judicialmente y, hasta en algún caso, condenados por delitos de corrupción”.

“La denuncia –según la respuesta del gobierno a la ONU- podría integrar la estrategia de defensa de sus clientes frente a las graves imputaciones de corrupción que se encuentran siendo debatidas ante la justicia que hoy critican”.

El reporte sostiene que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, integra la agrupación cuyo nombre no es “Iniciativa Judicial” sino “Iniciativa Justicia”.

Como prueba de esa supuesta pertenencia, el informe adjunta un video en el que aparece no ya Alejo Ramos Padilla sino su padre, el también juez Juan María Ramos Padilla, disertando en una actividad de “Iniciativa Justicia”.

“Estos hechos llevan, cuanto menos, a poner en cuestión la objetividad e imparcialidad de la denuncia presentada”, replicó el gobierno al relator de la ONU Diego García Sayán.

Tras analizar uno por uno los casos denunciados por el organismo internacional, la respuesta del gobierno concluyó que “el ejercicio por el Poder Ejecutivo de facultades expresamente autorizadas por la Constitución en modo alguno puede ser entendido como presión o intimidación alguna”.

“El Poder Ejecutivo Nacional no ejerce en otros órganos otra influencia que la que le reconocen la Constitución Nacional y las leyes de la Nación”, alude en referencia a la supuesta manipulación del Consejo de la Magistratura.

El informe también niega que el Ejecutivo ejerza algún “tipo de presión o control” sobre la Procuración General de la Nación, ocupada hoy interinamente por Eduardo Casal, tras la renuncia de su titular, Alejandra Gils Carbó, durante el actual gobierno.

“El Poder Ejecutivo no ejerce ningún tipo de influencia o control sobre los medios de comunicación, ONGs o asociaciones profesionales. Por el contrario rige en la República Argentina el pleno respeto por la libertad de prensa y expresión”.

Finlamente el documento asegura que durante los últimos cuatro años “ha sido una política de estado el fortalecimiento de las instituciones y en particular del sistema de administración de justicia”.