Acto seguido, la ató de pies y manos con cables y, para inmovilizarla aún más, le enroscó una sábana al cuello y la ahorcó, dejando marcas evidentes. Durante varias horas, la retuvo dentro de su propia vivienda, amenazándola con matarla si intentaba pedir ayuda.
Según consta en la denuncia, además de las agresiones físicas, el joven la hostigó con insultos constantes y le impedía moverse para buscar su teléfono o activar el botón de pánico que le había sido asignado por su situación de riesgo.
La víctima logró escapar al amanecer
Fue recién a las 7 de la mañana del día siguiente, cuando el agresor se quedó dormido, que la joven reunió el coraje y la energía para liberarse parcialmente y escapar. Corrió a pedir ayuda a su madre y juntas acudieron a la comisaría para radicar la denuncia.
Las autoridades constataron de inmediato las lesiones físicas que presentaba y ordenaron atención médica para la joven. Esa primera intervención permitió que se activaran los protocolos de asistencia integral, tanto médica como psicológica y jurídica.
El segundo ataque: un brutal regreso
Apenas tres días después del primer ataque, el 30 de junio por la tarde, el agresor volvió a aparecer. Esta vez, la víctima se encontraba fuera de su domicilio cuando L.A.C. la interceptó en plena calle.
Sin mediar demasiadas palabras, comenzó a insultarla y a golpearla nuevamente. La obligó a entrar a su casa, cerró la puerta con llave y la agarró del cabello para arrastrarla por la vivienda, mientras continuaba propinándole puñetazos.
En esa oportunidad, la víctima logró activar el botón de pánico, lo que permitió la llegada rápida de la policía al lugar. Los efectivos detuvieron al agresor y constataron una vez más que la joven presentaba múltiples lesiones, producto del ataque.
La intervención de la Justicia y el contexto de violencia
Tras su detención, la causa quedó en manos del fiscal Arturo Haidar, quien fundamentó que el caso constituye un claro ejemplo de violencia de género estructural, con una relación desigual de poder, agresiones físicas y psicológicas sistemáticas y amenazas que pusieron en riesgo la integridad y la vida de la víctima.
El Ministerio Público de la Acusación imputó a L.A.C. por varios delitos: desobediencia a un mandato judicial, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, y lesiones leves dolosas doblemente calificadas por el vínculo de pareja y por el contexto de violencia de género.
Todos estos cargos fueron considerados en concurso real, es decir, acumulativos, lo que agrava su situación procesal.
La prisión preventiva y el acompañamiento a la víctima
En la audiencia de medidas cautelares, la jueza Celeste Minniti resolvió imponer la prisión preventiva para el acusado, priorizando la protección integral de la víctima y asegurando que los hechos no se repitan durante el desarrollo del proceso judicial.
La magistrada destacó la necesidad de preservar la integridad física y psicológica de la joven, quien aún se encuentra en tratamiento por las secuelas de las agresiones.
En paralelo, la víctima recibió y continúa recibiendo asistencia del Equipo de Fortalecimiento Institucional y el Equipo Interdisciplinario de Atención N°2 de la Dirección de Género y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe.
Ambos equipos, compuestos por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y profesionales con formación en lengua de señas, garantizaron una atención adecuada a las necesidades específicas de la joven, brindándole contención emocional, asesoramiento jurídico y acompañamiento durante las audiencias judiciales.
Mientras la causa avanza en la justicia, la víctima sigue bajo tratamiento médico y psicológico, acompañada por su familia y por los equipos técnicos. La comunidad espera que el caso sirva para visibilizar la necesidad de seguir trabajando en la prevención de la violencia y en la protección efectiva de las víctimas.