Las autoridades de CARVA mantuvieron reuniones con funcionarios de las secretarías de Industria y de Comercio Exterior de la Nación para discutir este tema. Esperan ser próximamente recibidos por una comisión de legisladores preocupados por la problemática, debido a su impacto económico, laboral y en la seguridad, ya que favorece la comercialización de repuestos en el mercado ilegal.
“El problema es que en la Argentina la legislación vigente (ley 25.761 y Resolución de la Secretaria de Industria) establece que de cada vehículo solo se pueden recuperar 30 piezas y el resto debe ser destruido. Esto limita el crecimiento de las empresas dedicadas a esta actividad, así como la generación de empleo, generando además mayor impacto ambiental dado que no se reutilizan la mayoría de las partes”, sostuvo Álvarez. También destacó la importancia en cuanto a la reducción del delito, dado que “aportamos piezas originales a un valor mucho más bajo que el de mercado”.
En la Argentina, existen hoy 164 empresas legales dedicadas a la recuperación y comercialización de repuestos recuperados, generando empleo para más de 1.500 personas y basándose en la premisa fundamental de la adquisición lícita de autopartes usadas, la ética comercial y el cuidado del medio ambiente. “Queremos ser parte de la solución, que la gente sepa que podríamos aportar al mercado los repuestos que hoy son escasos, pero necesitamos un cambio en la normativa”, refirió el titular de CARVA.