“No es contrabando”, indicó el periodista Gabriel Prósperi, que registró el fenómeno desde el lugar para A24. “La mercadería está registrada en Argentina. Lo que pasa es que se evita el paso del camión por aduana, lo que resulta más costoso, y se usa tracción a sangre".
El negocio es legal, pero con zonas grises
El procedimiento tiene un marco formal. Los productos son declarados como exportación en los playones fiscales argentinos. Desde allí se libera su paso hacia Bolivia. Pero el cruce, aunque visible y controlado en los extremos, funciona bajo una lógica ambigua.
Del lado boliviano, no hay controles estrictos sobre esa mercadería. Una vez en Villazón, la harina o el aceite argentino se vende a precios mucho más bajos que en los supermercados del norte argentino.
“¿Cómo puede ser que un argentino cruce a Bolivia, compre esa harina más barata y vuelva a traerla?”, se pregunta Prósperi en pleno móvil. “Lo lógico sería que haya un negocio ilegal, que la mercadería salga en negro y vuelva reimportada sin pagar impuestos.”
Y esa es una de las hipótesis más repetidas por quienes conocen la dinámica de esta frontera: la mercadería que sale como exportación legal termina, en parte, regresando a Argentina de forma informal, sin impuestos ni trazabilidad.
Las restricciones bolivianas y el efecto rebote
El periodista también señala que el gobierno de Bolivia prohibió recientemente la salida de comestibles hacia la Argentina. El motivo fue simple: el flujo de compradores argentinos dejó sin stock a comerciantes bolivianos en varias ciudades fronterizas.
Esto generó un efecto curioso. Los productos argentinos llegan legalmente a Bolivia, pero no pueden salir formalmente hacia Argentina. Sin embargo, muchos ciudadanos cruzan de forma peatonal, cargando pequeñas cantidades, o utilizan caminos alternativos por donde la Gendarmería no alcanza a controlar.
¿Exportación o fuga de mercadería?
Las dudas crecen al observar la logística del negocio. Aunque formalmente se trata de exportación autorizada por empresas acopiadoras, no siempre hay registros claros de cuánto se transporta y quién lo compra.
“No todos los camiones que descargan en los playones son controlados con el mismo rigor”, admiten fuentes extraoficiales en la frontera. “Y muchos pasos que se usan para cruzar son legales en lo migratorio, pero no están pensados para carga comercial.”
Además, el costo de exportar por vía tradicional -camión, aduana, impuestos- es mucho mayor al de contratar carreros. Por eso, la opción a tracción a sangre resulta más rentable, aunque implique una economía informal legalizada.
El límite difuso entre legalidad y necesidad
Las cifras son elocuentes. Según datos de autoridades locales recogidos en 2023, más de 5.000 personas por día cruzaban la frontera llevando y trayendo mercadería, la mayoría sin ningún control tributario. Para muchos, es la única forma de subsistencia.
Se calcula que cada persona puede realizar entre 10 y 15 viajes por día, generando un ingreso que, aunque bajo, alcanza para sostener familias completas en Villazón.
Pero detrás del fenómeno hay una realidad estructural: la fragilidad económica de las regiones de frontera, donde el acceso al trabajo formal es escaso y las diferencias de precios entre ambos países generan un incentivo constante para este tipo de prácticas.