Pero la cuestión no termina allí. El cepo también genera un subsidio a la formación de activos externos y un desincentivo al ahorro y la inversión productiva en el sistema financiero local. Para las empresas agroindustriales esto deriva en falta de crédito y tasas altas que hacen perder rentabilidad. Más temprano que tarde, esto afecta la competitividad y, por consiguiente, a las exportaciones.
Si la situación es tan crítica, ¿por qué no hay reclamos más duros? Desde el punto de vista económico, porque hay factores que contribuyen a camuflar los problemas de fondo. Los más destacados son la suba casi sin precedentes en los precios internacionales y la normalización de la actividad en el marco de la salida de la pandemia. Ambos han contribuido a aliviar la situación de las empresas y del Banco Central. Pero solo son circunstancias de cortísimo plazo.
De mantener este rumbo, pronto empezaremos a ver un marcado deterioro en la producción y en las exportaciones agroindustriales. No sería una sorpresa. Entre 2011 y 2015 las exportaciones totales del sector cayeron casi 20%. Dinámica que fue moderada por la migración de cultivos: las exportaciones de soja bajaron 10% mientras que las de girasol cayeron 58%, las de trigo 56% y las de maíz 29%.
En ese período, prácticamente todas las cadenas agroindustriales experimentaron caída en los volúmenes exportados, pérdida de mercados, merma en la cantidad de empresas exportadoras, concentración en los productos exportados, destrucción de producción y del empleo registrado.
Evitar que este escenario se repita es algo posible. Pero exige levantar el cepo y desarmar las restricciones sobre el mercado cambiario. Todo en el marco de un programa monetario y fiscal que devuelva la sostenibilidad a las cuentas públicas y permita comenzar a reducir la inflación de manera sostenible. Hasta ahora no hay tierra a la vista.
El autor es docente de Economía Internacional de la UCEMA y colaborador de la Fundación Libertad y Progreso.