La posible caída de la Ley Ovina continúa generando preocupación entre los productores agropecuarios, que desde hace varias semanas alertan por la caída en el régimen legal de la actividad. En ese contexto, desde la Federación que reúne a los ganaderos de Santa Cruz señalaron la importancia de que una nueva extensión de la norma, que contenga una cláusula de ajuste que evite la desfinanciación del sector a raíz de la inflación.
Una ley federal
Ley Ovina: piden incluir una cláusula de ajuste sobre los fondos de financiamiento
Plantean que el presupuesto, que está congelado desde 2001, debe ser de al menos $1.400 millones y llegar a $2.000 al finalizar la década.
Los productores buscan que la Ley Ovina tenga su prórroga y una cláusula vital.
“Lo que se está tratando de conseguir, tanto desde el Senado como desde la Cámara de Diputados es que se renueve el financiamiento de la Ley Ovina, que había sido sancionada en 2001 y con la cual se logró frenar la caída en los stocks de ovejas en la Patagonia, pero también lograr la recomposición y repotenciar la actividad en provincias como Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba o Santa Fe”, explicó Miguel O’Byrne, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz este fin de semana en La Red Rural (AM 910).
“Buscamos que sea por lo menos por otros 10 años, y se hizo una presentación en la Mesa Ovina Nacional para que el fondo de inicio sea por lo menos de $1.400 millones y que cuando finalice en una década sea de por lo menos $2.000 millones, como para tener un valor de ajuste y la actividad no se desvalorice. En este momento hay un proyecto oficial homologado con el Ministerio de Agricultura por $850 millones. Si ese es el monto, dada la actualidad del país y la coyuntura, no estaría mal igual. Pero sí es importante que tenga una cláusula de ajuste”, precisó O’Byrne.
Pero aclaró: “Se trata de créditos que hay que devolver, no exactamente de subsidios, más allá de que la Ley Ovina puede dar algunos para comprar algún tipo de elementos con fines asociativos o colectivos”.
“Es muy amplio todo lo que se puede hacer, como reconstruir mataderos y frigoríficos, apoyar a la industria lanera o la compra de maquinarias y con eso mejorar los índices productivos que claramente se pueden lograr, porque hay un potencial para hacerlo”, indicó.
Otra de las facetas importantes de la Ley Ovina para proteger a la producción, y puntualmente a la de la Patagonia, es la diferencia en las condiciones de producción en comparativa a la de otras regiones del país. Mientras que una oveja en Santa Cruz requiere de entre 3 y 4 hectáreas para conseguir el alimento que necesita para poder crecer y desarrollarse según lo recomendado, en la pampa húmeda esa misma oveja puede compartir una única hectárea con hasta 10 ovejas más.
Una diferencia sustancial. Por eso O’Byrne remarcó el federalismo de la ley cuya financiación está caída. “En todas las provincias de Argentina hay ovejas. Hay una gran potencialidad del ganado ovino en términos de rentabilidad”, indicó.
“Al valor de la cría que produce y de la lana que produce cada oveja, la facturación se te puede ir a u$s 400 por hectárea, y entonces eso comparado con otras rentabilidades ese extremadamente interesante. Por eso la importancia del andamiaje prolijo. Hay mucha gente invirtiendo en ovinos en este momento en la zona pampeana porque los números cantan”, concluyó O’Byrne.
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