"Hay que separar de la causa al juez Lorenzini", dijo Claudio Lozano, director del Banco Nación. El economista del Frente de Todos además abonó nuevamente la teoría del la intervención estatal y la conformación de una empresa testigo en el sector granario.
En rigor, la oferta de Vicentin haría que la firma pague solo el 25% de la deuda bruta que mantiene, sin intereses compensatorios ni punitorios, sería instrumentada en Obligaciones Negociables (ON) en dólares y pesos y a 20 años. Se trata de una emisión que la Comisión Nacional de Valores (CNV) debería aprobar y que no tiene otro papel similar de una empresa argentina en el mercado de capitales local, lo cual haría difícil encontrar compradores.
Las ON devengarían intereses calculados sobre saldos del 0,5% anual en el caso de los tramos dolarizados y tasa Badlar para los pesificados, lejos de los retornos que pagan otras empresas argentinas en dólares (de entre 7 y 11% anual) y por debajo de la inflación, superior al 50% interanual según las últimas cifras del Indec.
Vicentin SAIC había entrado en default en diciembre de 2019 con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros: productores agropecuarios, bancos privados y públicos e inversores extranjeros a quienes dejó de pagarles cerca de US$ 1.400 millones, lo que derivó en el concurso preventivo que se dirime en el despacho del juez Lorenzini.
Más acá en el tiempo, en lo que fue lo último que se conoció en materia legal para la firma, en abril último el Banco Central (BCRA) suspendió a la empresa para la operación en el mercado de cambios y la realización de pagos al exterior luego de que se confirmara que mantiene una deuda de US$ 140 millones por exportaciones realizadas en 2019 que nunca fueron liquidadas.