La campaña electoral 2019 en Comodoro Py

En la perspectiva de esos autores, se comprenden más fácilmente algunas decisiones de la justicia que afectan al gobierno.

Por ejemplo, la que apartó al juez federal Sebastián Casanello que investigaba -hasta el lunes- el presunto lavado de dinero en la campaña presidencial 2015 de Mauricio Macri y en la campaña de Cambiemos para las legislativas de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires.

Una resolución que, según un abogado que conoce como pocos los pasillos de la Cámara Federal en Comodoro Py, se comprende solamente en base a la afinidad judicial con el Ejecutivo, cuyos organismos emblemáticos en la lucha contra la corrupción, la UIF y la OA, mantuvieron un llamativo silencio.

El mismo silencio institucional sucedió cuando la causa de los aportes truchosen la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017 salió de las manos del juez federal Ernesto Kreplak y con ese movimiento una sospecha delictiva se convirtió en una infracción electoral.

El expediente que le sacaron a Casanello cayó en manos del juez Luis Rodríguez,que esta misma semana quedó en la mira tras la confesión como arrepentida de Pochetti. Según Infobae y La Nación, Pochetti contó que el juez federal cobró una coima millonaria para proteger a Muñoz.

Además el juez Ariel Lijo hizo lugar a un pedido del fiscal Ramiro González para investigar los gastos de la campaña presidencial de Macri en 2015.

La suerte y libertad de los magistrados para avanzar con sus investigaciones dependerá, entre otras cosas, de la correlación de fuerzas en este contexto de articulación del sistema judicial con la coalición oficialista. Y también con lo que sucede en los sótanos del poder.

De acuerdo a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt las democracias no mueren de golpe por el asalto de las armas, sino que comienzan a hacerlo de manera lenta, pausada, casi imperceptible y debido a movimientos internos que de a poco van anulando los mecanismos institucionales de control, reducen la pluralidad, polarizan la vida pública y utilizan la ley de una manera desigual.

La bruma que vuelve borrosa la separación de poderes que garantiza la Constitución, como una garantía de los derechos civiles y políticos, es un fuerte indicador de la muerte de la democracia.

Es preciso que la dirigencia esté a la altura. En efecto, más allá de los posibles crímenes que deben ser sancionados, debe auscultarse el funcionamiento de algunos dispositivos institucionales antes de que el régimen político sólo conserve el nombre y pierda sus rasgos distintivos.