La justicia federal ordenó medidas de prueba para investigar el financiamiento de la campaña de Cambiemos en 2015

Según la acusación, “tales maniobras consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias “en negro” durante la referida campaña electoral, como así también el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015”.

Durante la investigación preliminar, le tomaron declaración testimonial al colega del Destape Juan Amorín que indicó que “habían podido detectar referencias a pagos en efectivo a proveedores de la campaña presidencial relativa al año 2015 relacionados con distintos actos de Mauricio Macri en diferentes puntos del país, los cuales -al compararlos con el informe de campaña presentado en la Justicia Electoral- se conoció que la mayoría de los gastos a los que se hacía referencia no estaban rendidos o lo estaban por un importe menor”.

Amorín además señaló ante la justicia que tuvo acceso a e-mails y planillas de Excel relativos a diferentes proveedores en donde se podían observar llamativas citas tales como “IVA si corresponde”, “pagos cash”, etc.

“Puntualmente, durante su declaración testimonial, expresó que con relación a un acto llevado a cabo en Costa Salguero, había observado una planilla de Excel en la cual se admitían pagos en efectivo por $2.000.000, indicando que “de la misma forma sucedió con actos en Córdoba, Humahuaca y con el proveedor `Charly Kauf´ quien según las planillas obtuvo más de un millón de pesos en efectivo por el servicio audiovisual en distintos eventos”, dice el pedido del fiscal al que tuvo acceso A24.com.

Por otra parte, Amorín manifestó que existían correos electrónicos intercambiados entre integrantes del Ente de Turismo de la C.A.B.A. con el proveedor identificado como “CAP publicidad SRL” en los que se presupuestaban materiales -cuya realización se habría llevado a cabo- tales como globos, sombrillas, lapiceras y banderas con el slogan de Cambiemos y la leyenda “Macri 2015”, por aproximadamente $5.000.000, figurando en la rendición de cuentas poco más de $600.000.

Qué había pedido el fiscal. En diciembre de 2018, el fiscal González impulsó la investigación y le pidió al juez Lijo realizar las siguientes medidas de prueba:

• 1) A la Justicia Nacional Electoral los balances donde consten los estados contables relativos a los gastos de campaña electoral del año 2015 correspondientes a “Cambiemos”.
• 2) Que las áreas que correspondan del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad Informen si Luis Navarro, Josefina Liceda Rosasco, Ana Soro, Juan Martín De Estrada, Pia Arrigoni, María Alejandra Alberdi, Ezequiel Lucas Colombo, Fernando De Andreis, Leonardo Bellante, Marcos Di Santo, Daniel Tognella e Ileana G. Mangini, pertenecen y/o han pertenecido a tales Administraciones desde el año 2015 a la actualidad, y en su caso, informen los puestos que ha ocupado y/o cargos que ha ejercido durante el mencionado período de tiempo.
• 3) Que el Titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) informe la composición accionaria, balances y estatutos de las empresas “CHK Servicios Audiovisuales SRL”, “CAP Publicidad SRL” y “Televaz”, desde el año 2014 a la actualidad.
• 4) Que la AFIP que -previo levantamiento del secreto fiscal- remita, respecto a las firmas “CHK Servicios Audiovisuales SRL”, “CAP Publicidad SRL” y “Televaz”, la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática, incluyendo padrón completo, inscripción declaraciones juradas de impuestos nacionales; detalle de los rubros de las declaraciones juradas respectivas y papeles de trabajo entre otros.

Antecedentes. Este lunes, mediante un fallo escrito con lenguaje expulsivo, el presidente de la Cámara Federal Martin Irurzun apartó al juez federal Sebastián Casanello de la investigación sobre los fondos de campaña de la elección presidencial de Mauricio Macri en 2015 y de las elecciones legislativas de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires porque consideró que el magistrado había tenido un rumbo “errático” y había aportado “confusión”. Irurzun la envió a sorteo y cayó en manos del juez federal Luis Rodriguez.